El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamenta que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso de amparo formulado por los padres de un menor contra la resolución de la Consejería de Educación de Castilla y León que acordó la continuación de la escolarización de su hijo en un centro público de educación especial en lugar de en un centro ordinario, como solicitaban los demandantes.
Según declaró este jueves a Servimedia el presidente del citado comité, Luis Cayo Pérez Bueno, con esta decisión el TC “no ha tenido en cuenta los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España”.
A juicio del Cermi, el Tribunal Constitucional no ha asumido el paradigma de la educación inclusiva, en toda su intensidad y alcance, que establece el tratado de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de discapacidad y por tanto no lo ha aplicado al caso, que merecía otra solución.
Esta solución era, a su parecer, la de reconocer la libertad de los progenitores del alumno con discapacidad para elegir la modalidad de escolarización, sin que se la imponga la Administración educativa, como permite la legislación española.
“El tribunal, como otros muchos poderes públicos y operadores jurídicos, parece desconocer en gran medida la Convención de la Discapacidad y decide cuestiones como si ésta no existiera o no comportara una interpretación radicalmente distinta de lo que era habitual hasta ahora, antes de la entrada en vigor, en 2008, del texto internacional”, afirma el Cermi.
En relación con el derecho a una educación inclusiva por parte del alumnado con discapacidad, la Convención es “profundamente transformadora” y obliga a alterar los modelos, criterios y normas de funcionamiento que venían aplicándose hasta el momento en España, prosigue la plataforma representativa de la discapacidad.
Por este motivo, añade, “sin duda este pronunciamiento del TC es una oportunidad perdida, que retrasará el proceso de adecuación del sistema educativo español a las exigencias de la Convención de la ONU, resintiendo los derechos de las personas con discapacidad”.
No obstante, finaliza el comité, “el Cermi seguirá incidiendo y presionando políticamente ante el legislador para que se modifique la legislación educativa vigente y se implante un auténtico modelo inclusivo, el único respetuoso con los derechos del alumnado con discapacidad”.