Desde CERMI trabajan por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la protección de la infancia y adolescencia con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuya remisión a las Cortes aprobó ayer martes el Consejo de Ministros, consagre el derecho a la atención temprana de las niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años, estableciendo el correspondiente deber para las administraciones.
Respuesta a la demanda de CERMI y otras organizaciones
Se da respuesta así a una demanda sostenida del sector social de la discapacidad representado por el CERMI y sus Organizaciones, que venía reclamando que una norma estatal, de rango orgánico, vinculante para todos los territorios, regulara la atención temprana al menos hasta los seis años como derecho de los niños y niñas y de sus familias.
El texto del proyecto de Ley, en su artículo 11, apartado 5, tomando una propuesta del CERMI, dispone que “las Administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al desarrollo infantil”.
Como explica el CERMI, Cuando esta Ley sea Derecho positivo, por vez primera una norma de carácter estatal establecerá la atención temprana hasta los seis años como derecho de los niños y niñas y como deber de la Administración pública, superando así un panorama desigual, discontinuo y frágil, en función del territorio de residencia.
Celebrado este avance normativo, el CERMI insistirá en la fase de trámite parlamentario del proyecto de Ley en otras propuestas en favor de la inclusión y la protección social de los niñas y niños y adolescentes con discapacidad.
La protección integral de los derechos de los niños y niñas con discapacidad es un imperativo internacional vinculante para España derivado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha de tener su reflejo en la legislación interna sobre menores.
