El Cermi denuncia los “incumplimientos” de España en cuanto a la aplicación efectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Fecha

22/11/2022

Medio

Servimedia

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció “el incumplimiento reiterado” de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de España.

Así se puso de manifiesto en el conversatorio ‘La exigencia del cumplimiento en España de la Convención de la Discapacidad conforme a las recomendaciones de la ONU’ llevado a cabo ayer en formato virtual.

El acto, moderado por la defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia e integrante del Comité de Apoyo a la Convención, Teresa Navarro Ferreros, contó con la participación de Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, y Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.

El debate se centró en el análisis del grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el Estado español, según las recomendaciones que las Naciones Unidas le realizó en 2011 y 2019. Desde el 3 de mayo de 2008, la CDPD forma parte del ordenamiento interno español, lo que significa, no solo que la misma debe ser aplicada por todos los poderes públicos, incluidos los tribunales, sino también que las normas españolas que recogen derechos fundamentales deben interpretarse a la luz de este tratado, adaptando para ello la legislación vigente. Sin embargo, los intervinientes señalaron que todavía hay aspectos denunciables en la correcta recepción de esta Convención en España.

Isabel Caballero hizo un repaso de las observaciones generales que hace el Comité a España con relación al cumplimiento de la Convención en relación con las mujeres con discapacidad. En este sentido, destacó como puntos clave reivindicaciones como una mayor presencia y participación de las mujeres con discapacidad en la elaboración de políticas públicas contra la violencia de género, la supresión de tratamientos médicos con autorización jurídica y sin ninguna recomendación médica, la garantía del derecho al trabajo aumentando las oportunidades laborales para mujeres con discapacidad, y una mayor inversión en el desarrollo de investigaciones y estudios estadísticos que permitan conocer la prevalencia de la violencia machista en mujeres con discapacidad.

De esta forma, Caballero dibujó el panorama actual en el que se halla España respecto de las mujeres con discapacidad, por el cual reclaman “más datos estadísticos pormenorizados que nos permitan conocer cuántas mujeres con discapacidad han interpuesto una denuncia por violencia machista, cuántas las han retirado, y cuántos niños nacen con discapacidad o la adquieren como consecuencia de la violencia de género que reciben”. Asimismo, otra de las reclamaciones del movimiento de mujeres con discapacidad es “que se realicen auditorías de accesibilidad a los servicios sociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género”.

Por su parte, Amalia Gamio expuso algunos de los recursos que el Comité ofrece a los estados para facilitar la aplicación de la Convención, tales como las guías que han elaborado para este fin. Para Gamio, a pesar de que los estados cuentan ya con muchos elementos para la aplicación del tratado, “no se están desarrollando las políticas precisas para evitar la discriminación de mujeres con discapacidad”.

Amalia Gamio hizo especial hincapié en la importancia de la desinstitucionalización como factor clave en la garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad, ya que “la institucionalización incumple muchos derechos, entre ellos el derecho a vivir de forma independiente, que se recoge en el artículo 19”.

Finalmente, Gamio aseguró que mientras se siga negando la igualdad de las mujeres con discapacidad ante la justicia no se podrá lograr tener acceso al resto de derechos”.

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