El castellano, la concertada y la educación especial, en juego hoy con la votación del dictamen de la «ley Celaá»

Fecha

13/11/2020

Medio

ABC

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Hoy se vota en la Comisión de Educación del Congreso el dictamen de la «ley Celaá», así como las enmiendas que quedaron fuera de él (llamadas «vivas»).

Este informe, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado; la que elimina a la concertada como garantista del derecho a la educación; la que propone una asigntura de « Cultura de las religiones» para acabar con la Religión o la que facilita la promoción de curso.

Estas enmiendas forman parte de un polémico texto que también quiere acabar con la educación especial con una disposición adicional (la cuarta) que alude, en un texto ambiguo, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Es el mismo texto que (en cuyo redactado original) también permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa y que ahora flexibiliza la promoción de curso, a través de una enmienda pactada con Bildu, que permite los alumnos repetir como máximo dos veces a lo largo de toda la enseñanza obligatoria.

Solo seis días

El dictamen será votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento). Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Pero ya para hoy también se espera una dura jornada ya que tendrán que votarse a partir de las 9.30 de la mañana todas las enmiendas no incluidas hasta ahora, además del dictamen, que se dejará para el final. Para los grupos parlamentarios esto supone una gran dificultad ya que tienen solo un día para discutir más de 1.000 enmiendas (las incluidas en el dictamen y las que no entraron en él).

La preocupación de la oposición se centra, sobre todo, en si durante la votación se incorporará alguna de las enmiendas que Podemos presentó en solitario, pese a que Mari Luz Martínez Seijo, secretaria general de Educación y Universidades del PSOE, le prometió a la concertada en una reunión que no lo haría, asegura el sector. Esta promesa ya se rompió con la aprobación de una enmienda del grupo morado que impide la entrega de suelo municipal por parte de los ayuntamientos para la construcción de centros concertados. El texto dice ahora que «los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos». El texto original de la ley vigente, es decir, la Lomce (la Lomloe no lo toca) no especificaba el tipo de centro.

Manifestación y entrega de firmas

La concertada se concentrará hoy en el Congreso en contra de la «ley Celaá» y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar su tramitación en el Congreso.

El sector se ha unido, junto a otras asociaciones, por ejemplo, de defensa de la educación especial, bajo la Plataforma Más Plurales. A través de la misma han organizado una serie de acciones para frenar la ley, si bien su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, reconoció cuando se lanzó la campaña, el pasado 28 de octubre, que «esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre». Además de concentraciones en el Congreso, colocaron lazos naranjas en las fachadas en contra de la ley y prevén realizar una caravana de coches en toda España. Priego aclaró que la campaña no es únicamente de la concertada, sino que es en defensa de la libertad de enseñanza por lo que invitó también a la educación pública a sumarse.

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