El 34 por ciento de las personas que acudieron al Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) durante el pasado año 2015 solicitó ayuda por vivir una situación relacionada con la violencia de género, según ha informado en un comunicado la Consejería de Justicia e Interior.
La mitad de estas mujeres, casi 1.800, tenía entre 30 y 44 años, poco más del 40 por ciento era soltera, más del 50 por ciento tenía estudios primarios y, la misma proporción, estaba en paro. El 84 por ciento de las mismas presentaron denuncia contra su presunto agresor, que en el 32 por ciento de los casos era su ex pareja y en el 27 por ciento de las situaciones, su pareja.
El balance del SAVA refleja también que casi el 4 por ciento de las asistencias realizadas por el SAVA durante 2015 tenían como destinatarias a mujeres con discapacidad. De las 390 atendidas, el 40 por ciento tenía entre 30 y 44 años, el 38 por ciento era soltera, el 42 por ciento tenía estudios primarios y el 40 por ciento estaba en paro. La mayoría de estas personas acudieron al SAVA porque se consideraban víctimas de su padre o madre.
Respecto a la población inmigrante, el SAVA atendió a 789 personas en Andalucía en 2015, un 4,5 por ciento del total, de las cuales el 22 por ciento, la mayoría, procedían de Marruecos, y el 11 por ciento de Rumanía. El 93 por ciento de la población inmigrante atendida fueron mujeres.
El SAVA es un servicio público que ofrece apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran y el instrumento mediante el que se aplica la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima.
El objetivo fundamental de este recurso de la Consejería de Justicia e Interior es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención interdisciplinar. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado configurado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
La Junta puso en marcha este recurso una vez que en 1997 asumió las competencias en materia de justicia y actualmente, consolidado como dispositivo para aplicar el Estatuto de la Víctima, tiene en funcionamiento nueve oficinas que se encuentran integradas en las respectivas sedes judiciales de las capitales de provincia, junto a otra que presta servicio en Algeciras (Cádiz) para atender la demanda del Campo de Gibraltar.