El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, ha pedido una “profunda reflexión” sobre la discriminación “sufrida por las personas con discapacidad en el acceso a la sanidad”.
“Como sociedad avanzada no estamos preparados para asumir que, ante la falta de recursos sanitarios, haya que escoger quién vive y quién no”, ha señalado Celada en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’.
En su opinión, por ser una sociedad avanzada “es cuando con más fuerza hay que defender los derechos de los más vulnerables, en este caso, personas mayores y personas con discapacidad”. “A ellos les hemos contagiado y a ellos les tenemos que cuidar”, ha señalado.
El director de Discapacidad del Gobierno ha criticado los pronunciamientos de algunas sociedades científicas que abogaron por usar la discapacidad o la edad avanzada como criterios de descarte en el acceso a determinados tratamientos de cuidados intensivos “en lo peor” de la pandemia de coronavirus.
“Nos preocupaba mucho que en un contexto de emergencias en el que se ha incorporado personal sanitario con pocas ‘horas de vuelo’, esas recomendaciones fueran su manual de referencia”, ha manifestado.
No obstante, Celada ha asegurado que, “afortunadamente”, reaccionaron “a tiempo” y solicitaron la valoración del Comité Español de Bioética (CEB). Sobre este punto, ha lamentado también la situación vivida en residencias de personas con discapacidad y mayores.
“Prioridad y seguridad en la desescalada”
En cuanto a la elaboración del borrador de desescalada de las personas con discapacidad, diseñada junto con el CERMI y las entidades de ámbito estatal, ha explicado que se está basando “en los principios de competencias, prioridades y seguridad”.
En este sentido, ha indicado que se está procediendo a la identificación de qué servicios y en qué condiciones han de ser activados en cada una de las fases para “escalar la desescalada juntos”.
Para ello, Celada ha detallado que “se priorizará la activación de servicios como la rehabilitación sicosocial y física y la atención temprana, así como la atención domiciliaria o incluso virtual en la primera fase y reservando la apertura completa de los centros para la última de ellas”.
Asimismo, ha resaltado que en el documento se definen medidas específicas con respecto a las entidades sociales de la discapacidad como “agilizar la tramitación del Impuesto de Sociedades y priorizar proyectos relacionados con las consecuencias del Covid-19 en la convocatoria del IRPF”.
