El diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, ha anunciado que la Diputación reducirá “en 1.265.000 euros la aportación de los usuarios de residencias y centros de día” del territorio histórico.
En una rueda de prensa en San Sebastián, Rodríguez, acompañado de la directora foral de Planificación e Inversiones, María del Río, ha dado cuenta del nuevo Decreto de Copago aprobado por el Gobierno foral que afectará a un total de 7.481 plazas de servicios sociales y entrará en vigor en tres fases.
Según ha explicado, el próximo 1 de agosto se comenzará a aplicar en residencias y centros de día (5.817 plazas); el 1 de octubre, en las tarifas de recursos sociosanitarios y de salud mental (502), y el 1 de enero de 2016, en centros de discapacidad (1.162).
El diputado foral ha explicado que esta medida busca “regular y unificar los precios de los diferentes servicios, introducir criterios de progresividad y equidad”, así como “garantizar una cuantía mínima para la libre disposición de las personas usuarias”.
Según ha puntualizado, en el caso de las residencias para mayores, el Decreto foral propone “la ampliación de la cuantía de libre disposición, que pasa del 20% al 23% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.
“De esta medida se beneficiarán las personas con menores ingresos, en concreto, quienes tengan rentas individuales inferiores a 13.923 euros al año, es decir, un 56% de las 4.365 residentes en plazas forales”, ha señalado, para añadir que “ahorrarán hasta 23 euros al mes”.
Rodríguez ha destacado que “esto supondrá un ahorro general de 657.975 euros al año para los residentes, cantidad que pasará a pagar la Diputación”.
En cuanto a los centros de día, que utilizan 1.452 guipuzcoanos, ha explicado que actualmente existen dos tarifas distintas, “sin que se garantice una cuantía para la libre disposición”.
En estas circunstancias, la media de las aportaciones económicas de los usuarios es de 305 euros al mes. “El nuevo Decreto, elimina las tarifas planas, fija un copago progresivo en función de la renta, una tarifa máxima, y establece que debe garantizarse que se dispone libremente del 60% del SMI”, ha señalado. De este modo, la media se reducirá en cinco euros al mes y la Diputación abonará 80.880 euros más al año. En total, se estima que el coste por la aplicación del nuevo Decreto foral ascenderá a 229.268 euros en 2015 y a 1.265.000 euros en 2016.