Un estudio promovido por la Confederación Salud Mental España analiza el estigma que acompaña a las personas con enfermedad mental en los ámbitos policial y judicial y que dificultan su inclusión social.
La investigación “Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma”, que se ha presentado hoy, revisa la bibliografía publicada hasta el momento sobre el estigma de las personas con trastorno mental e incluye un trabajo de campo en los ámbitos policial y judicial para cubrir el vacío de información en este sector.
El análisis bibliográfico inicial ofrece un balance sobre el estigma de este colectivo en los ámbitos sanitario, educativo, de los medios de comunicación, de los servicios sociales, del empleo y de las familias, de los poderes ejecutivo y legislativo y penitenciario.
El trabajo de campo se centra en los estereotipos y los prejuicios asociados a las personas con trastornos mentales en los ámbitos policial y judicial, los factores que causan el estigma, las barreras a las que se enfrentan las personas con enfermedad mental y las medidas para evitar esta situación.
Las autoras del estudio, Anabel Suso y Jimena Cazzaniga, de la consultora Red2Red, han explicado que hay un abuso de las medidas de contención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, basándose en la supuesta peligrosidad de la persona con trastorno mental.
Desde su punto de vista, las deficiencias en el sistema de atención comunitaria están en el origen de muchos de los procesos judiciales que se tramitan en los juzgados de guardia por presuntos delitos cometidos por una persona con trastorno mental en una situación de crisis.
Para las investigadoras, los juicios rápidos no son los más adecuados para el procesamiento de delitos presuntamente cometidos por personas con trastorno mental.
En los procesos civiles, hay incapacitaciones totales sin justificación real, lo que supone una merma de los derechos civiles de las personas con trastorno mental, mientras que en los procesos de familia hay denegación de custodias y adopciones.
Según las expertas, las personas con trastorno mental son vistas como culpables y no como víctimas, sufren una vulneración de derechos fundamentales como la libertad o el acceso a la justicia, se ven abocadas a la exclusión social y terminan aceptando la discriminación.
Ante esta situación, han recomendado la puesta en marcha de medidas de sensibilización y formación de los operadores policiales y jurídicos para una mejor detección de la enfermedad mental, así como la creación de protocolos de acceso a la justicia de las personas con trastorno mental.
La Confederación de Salud Mental España elaborará una serie de propuestas encaminadas a eliminar la discriminación de las personas con problemas de salud mental, que permitirán elaborar una estrategia estatal de lucha contra el estigma para los próximos años.
En la presentación del documento, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha destacado que las personas con trastornos mentales sufren una doble discapacidad, por la propia enfermedad y por el rechazo social derivado del desconocimiento.
El presidente de la Confederación Salud Mental España, José María Sánchez, y la secretaria general de la Fundación ONCE, Teresa Palahí, han abogado por eliminar el estigma que dificulta la inclusión social de las personas con problemas de salud mental.