El Defensor del Pueblo defiende que, “sin merma de la inclusividad” en los centros ordinarios, se puedan incorporar fórmulas de “escolarización especializadas” para la atención educativa de los alumnos con necesidades específicas, y considera que se debe respetar la libertad de creación de centros.
Lo dice el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su Informe Anual 2018, donde respalda la escolarización especializada, “particularmente cuando los ajustes razonables no posibiliten” a los alumnos con necesidades especiales su escolarización ordinaria.
Además, la Institución considera que se debe respetar la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales y a las obligaciones derivadas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
En su informe recuerda que ha “prestado especial atención” a las necesidades específicas de apoyo que presentan los alumnos y abrió una actuación de oficio para conocer las medidas que las administraciones educativas van a adoptar en relación con las recomendaciones efectuadas por el Comité sobre derechos de las personas con discapacidad.
Dicho Comité, recuerda el Defensor, se cuestiona la escolarización en centros de educación especial o en aulas especiales dentro de centros ordinarios, al considerarlos incompatibles con la convención.
Fernández Marugán ha opinado que no le corresponde “cuestionar las conclusiones alcanzadas por dicho Comité” pero que se pueden incorporar fórmulas de escolarización especializadas.
Asimismo, ha comentado que se ha interesado por las medidas que adoptarán las administraciones en relación con las recomendaciones de actuación efectuadas por el Comité sobre derechos de las personas con discapacidad en el informe sobre España pero que no ha obtenido aún respuesta.
Por otra parte, el Defensor recibió el pasado año quejas relativas a la neutralidad ideológica de los centros educativos en cuanto a espacios públicos en los que no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político.
En su Informe, Fernández Marugán también ha realizado una llamada de atención en relación con el uso de las instalaciones, espacios y centros educativos para actos de reivindicación política.
“Hay espacios y lugares más adecuados para este tipo de actos, y quienes los promueven o los autorizan y quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole o la comunidad educativa, deberían responsablemente planteárselo”, ha asegurado.
Fernández Marugán ha subrayado que el término “adoctrinamiento no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia”.
En una comparecencia en el Congreso ya aseguró que “ni la libertad ideológica ni su concreción en las libertades de pensamiento y expresión ni la libertad de cátedra pueden justificar la presencia ni los actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”.
Por otro lado, el Defensor ha insistido en la “ineludible necesidad de obtener un Pacto de Estado por la Educación” para dotar a nuestro sistema de la estabilidad que precisa.
En 2018 también ha recibido quejas relativas “a las condiciones de salubridad o habitabilidad de ciertos centros docentes” y las disfunciones que, en ocasiones, generan la ejecución de obras en las instalaciones escolares.
