«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos…». Así arranca el artículo 49 de la Constitución que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el apoyo del Gobierno, quiere cambiar. Pero algo tan sencillo como eliminar una expresión tan anacrónica «e hiriente» como disminuido para referirse a las personas con discapacidad requiere nada menos que de toda una reforma constitucional (hay que retocar un artículo de la Carta Magna), es decir no basta con que el Gobierno lo quiera hacer, sino que debe ser aprobado por tres quintas partes del Parlamento (210 diputados del Congreso y 159 senadores), lo que se llama una mayoría muy cualificada.
El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma del artículo 49, el relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. Ahí ya no figura el término «disminuido» y sí el de personas con discapacidad y recoge que se atenderán particularmente las necesidades específicas «de las mujeres y niñas con discapacidad».
Este proyecto es el que se tramita ahora en el Parlamento y actualmente se encuentra en plazo de presentación de enmiendas al articulado. Cuando el pasado 30 de septiembre el pleno del Congreso debatió las enmiendas a la totalidad, tanto Vox como PP vetaron la reforma. Si no cambian de postura, ésta no saldrá. Los números no dan. Los votos de PP o de Vox resultan imprescindbles para alcanzar esos 210 sufragios que exige el proceso de reforma constitucional. Ambos partidos son reacios a abrir el «melón» constitucional para evitar que la reforma pueda alcanzar a otros puntos «sensibles» del texto. El CERMI les reclama que den su apoyo al cambio de texto.
3 de diciembre, su Día
Aprovechando que este viernes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el CERMI ha exigido a todos los partidos políticos su apoyo «sin fisuras» a la renovación del artículo 49 de la Constitución porque ni la terminología empleada ni el contenido «están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad».
Esta es la principal reivindicación que la plataforma de la discapacidad resalta en un manifiesto publicado con motivo de la celebración del 3 de diciembre.
En este sentido, desde CERMI recuerdan que la Constitución Española de 1978, en vigor actualmente, incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso «un gran avance» en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la protección de sus derechos. Sin embargo, lamentan que, tras cuarenta años, la Carta Magna no haya actualizado su mirada sobre estas personas.
Tal y como explican desde CERMI, la reforma propuesta destierra expresiones «hirientes e insostenibles» para referirse a las personas con discapacidad, como, por ejemplo, el término ‘disminuidos’.
Hasta ahora sólo ha habido dos reformas constitucionales desde la aprobación de la Carta Magna en 1978: la de 1992 para permitir a los extranjeros votar en las elecciones municipales y la de 2011 para blindar la estabilidad presupuestaria.
Calidad constitucional
Por eso, para el CERMI, esta reforma del artículo 49 sería la primera «nítidamente social», y debe tramitarse «con el mayor de los consensos políticos y sociales». El proyecto de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera y espera ser debatido y tramitado en los próximos meses, si reúne las mayorías suficientes.
En este contexto, reclaman a todos los partidos políticos y, en especial, a «aquellos que han mostrado reticencias», a que se sumen a la primera reforma del texto constitucional «que viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias» y cuyo objetivo es «hacer de nuestro país un proyecto más sugestivo y decente de vida en común».
La aprobación de esta reforma con los consensos necesarios, señala la plataforma de la discapacidad, permitiría que el clamor ciudadano que ha alentado esta reforma, «que eleva la calidad del texto constitucional y su nivel de exigencia ética, política y jurídica», se viera acompañado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria mediante la expresión de un apoyo «firme y claro».
Noticia de José Antonio Guerrero
