La crisis ha provocado un incremento del 20 % del uso de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión para vender loterías ilegales, según ha denunciado hoy el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI).
Según esta entidad, el juego ilegal ha aumentado un 21 % desde 2011 en España, donde mueve unos 84 millones de euros al año, y donde cada día unos 100.000 ciudadanos compran boletos de rifas ilegales a unos 4.000 vendedores, muchas veces personas discapacitadasEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar..
El COCARMI ha denunciado en un comunicado “el retroceso de derechos que supone la utilización de personas con discapacidad en actividades de juego no legales”, por lo que ha exigido a la administración que “interrumpa estas prácticas, cada vez más habituales y perjudiciales para la imagen de estas personas”.
El comité ha asegurado que se está produciendo un “crecimiento de esta actividad fraudulenta, una actividad comercial de algunas organizaciones que, abusando de la imagen de la discapacidad, realizan acciones de juego para las que no tienen concesión ni ninguna cobertura administrativa, lo cual convierte la actividad en no legal”.
El comité ha lamentado que “estas actividades relacionen personas con discapacidad con la mendicidad, con actividades ilegales o con modelos benéfico-asistenciales”, y ha pedido a las autoridades “que actúen en consecuencia y se muestren firmes a la hora de acabar con estas prácticas, que afectan su dignidad como ciudadanos”.
El COCARMI también ha alertado del riesgo para los consumidores de este tipo de productos no legales.
El comité ha advertido de que en Cataluña operan cinco asociaciones que comercializan productos de juego sin autorización y que una de ellas, que tiene implantación en toda España y que hasta ahora prácticamente no operaba en Cataluña, “ha resurgido con mucha fuerza desde 2012 y ha aumentado rápidamente su volumen de vendedores”.
La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa del Estado o de las Comunidades Autónomas.
El COCARMI ha denunciado que el juego ilegal, que copia habitualmente formatos de la ONCE, se mantiene en muchas autonomías “donde no sólo está estable, sino que crece ante la pasividad de la administración”.
Así, cinco provincias (Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Murcia ) aglutinan el 55,4 % de los vendedores ilegales detectados en toda España.
Detrás de estas provincias destaca el número de vendedores situados en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña (entre 100 y 300 en cada comunidad), seguidas de Madrid, Galicia, Castilla y León y Cantabria, con entre 50 y 100 vendedores ilegales cada una.