El número de contratos a personas con discapacidad ha ascendido, entre los meses de enero y noviembre, hasta los 64.132, lo que supone un aumento del 12,9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2012.
Lo ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, durante su primera comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso, donde ha hecho un balance de las acciones del Gobierno en esta materia.
Moreno ha resaltado que el empleo es “uno de los ejes básicos” para la plena inclusión de las personas con discapacidad tras lo que ha asegurado que el aumento de los contratos responde, a su juicio, al mantenimiento de las bonificaciones previstas para el fomento de las contrataciones y al refuerzo de las medidas de acción positiva en el acceso al empleo público.
Según ha indicado, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social se contaron a 30 de junio de 2013 un total de 15.791 personas con discapacidad, un 9,2 por ciento más que en el pasado año, cuando figuraban 14.609.
Asimismo, ha indicado que la aprobación del convenio especial de Seguridad Social para las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, que se rubricó el pasado mes de marzo, beneficiará a cerca de 34.000 personas.
Moreno ha calificado de “acción positiva” la reserva de plazas en al menos un siete por ciento del total de las convocadas en pruebas para médicos y equivalentes.
Ha abundado en que para el Ejecutivo las mujeres con discapacidad son una prioridad, ya que son más vulnerables y, entre otras cosas, su riesgo de sufrir abusos sexuales es cuatro veces mayor que el de la población en general.
Ha recordado que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incorporado en su boletín anual un apartado sobre mujeres con discapacidad, del que se desprende que de las 52 víctimas mortales en 2012, cinco (el 9,6 por ciento) tenía algún tipo de discapacidad reconocida.
El secretario de Estado ha calificado de “hito normativo” la Ley General de Discapacidad, aprobada por el Gobierno el pasado 29 de noviembre, que armoniza todas las regulaciones vigentes en esta materia, y, a su juicio, protege al colectivo desde todos los ámbitos.
Los grupos de la oposición han reprochado al Ejecutivo que se haya “extralimitado” a la hora de refundir las normas sobre discapacidad en un real decreto y no en un proyecto de ley, ya que no ha contado con un debate parlamentario ni con la aportación de las formaciones políticas.
La portavoz socialista en la Comisión, Laura Seara, además, ha criticado la política social del Gobierno y los recortes practicados, que han llevado al sector de la discapacidad a una situación de “auténtica emergencia”.
El diputado de CiU Carles Campuzano ha asegurado que el texto refundido cambia la filosofía de las leyes comprendidas, al menos, ha dicho, en materia de empleo, por lo que ha subrayado que se verá qué dice la Mesa del Congreso a este respecto.
Por parte de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha considerado que la vía del real decreto “es un grave error” con el que el Gobierno ha perdido “una gran oportunidad para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad”.
Emilio Olabarria, del PNV, también ha criticado la fórmula del real decreto y ha opinado que en una materia como la discapacidad es necesario un gran pacto de estado.
El ofrecimiento ha sido aceptado por Moreno porque, en su opinión, los casi cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias así lo merecen.
Moreno ha defendido que el Gobierno haya aprobado la armonización de las normas por un real decreto, al estar amparado en la Constitución y al no contar con la oposición ni del Consejo de Estado, ni de la Abogacía del Estado, ni tampoco con la de las organizaciones del Tercer Sector.