El Comité Catalán reclama más apoyos para los derechos de las personas con discapacidad
El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) reclamó “más apoyos” para garantizar los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva conjunta de personas, familias y profesionales, y solicitó “recursos, formación obligatoria y participación efectiva” en la implementación de políticas y códigos de accesibilidad.
Esta entidad subrayó que sin estas medidas “no será posible la plena participación en la sociedad” y demandó la implicación coordinada de administraciones y agentes sociales para cerrar brechas persistentes en accesibilidad y servicios.
Presentación del informe de seguimiento
El Cocarmi, organización que representa al colectivo en Cataluña y forma parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), incidió en “la necesidad urgente de reforzar los apoyos y recursos” dirigidos a personas con discapacidad, a sus familias y a los profesionales que trabajan en su atención.
Estas demandas se produjeron en Barcelona, en una jornada sectorial sobre accesibilidad organizada por Cocarmi, en la que además se presentó el segundo ‘Informe de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, elaborado por este comité con la colaboración de sus entidades y con el apoyo del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya.
El papel clave de las familias
Durante la sesión se puso de relieve que, para hacer efectivos los derechos del colectivo, “son imprescindibles más recursos administrativos y formación específica” para técnicos y agentes implicados, así como una participación real de las personas usuarias en el diseño y evaluación de las medidas.
Las ayudas y apoyos a las familias son una “pieza clave en la garantía de los derechos”, afirmó la representante de Cocarmi Esther Jolonch, quien añadió: “Seguimos teniendo un papel de sostenibilidad del sistema que no nos corresponde”.
Muchas personas, generalmente mujeres y a menudo sin vocación específica de cuidadoras, se ven abocadas a asumir este papel con la consiguiente sobrecarga física, emocional y económica, lo que conlleva precariedad, mayor riesgo de pobreza y pérdida de talento y capital humano.
Es necesario “reforzar los apoyos a las familias a lo largo de todo el ciclo vital”, lo que implica garantizar una atención precoz suficiente, pero también recursos específicos en momentos de transición como la escolarización, la adolescencia, la emancipación o el envejecimiento. “Las familias necesitamos continuidad, estabilidad y seguridad”, concluyó Jolonch.
Profesionales formados y reconocidos
La también miembro del comité ejecutivo de Cocarmi, Íngrid de la Rosa, reivindicó el papel de los profesionales y las entidades, “esenciales para hacer efectivos los derechos”, y añadió: “Sin profesionales formados, reconocidos y con condiciones dignas, los derechos no se materializan”.
Según De la Rosa, es prioritario dignificar las condiciones laborales del sector, “garantizando estabilidad, salarios adecuados, reconocimiento profesional y reducción de la precariedad”, además de reforzar la formación continua de todos los agentes relacionados con el colectivo.
La accesibilidad, un beneficio para toda la sociedad
En la citada jornada se explicó que la accesibilidad no sólo beneficia a las personas con discapacidad sino al conjunto de la sociedad. Cocarmi reclamó además “reducir la burocracia y la brecha digital” que dificultan el acceso de este colectivo a servicios públicos y derechos fundamentales.
La organización también defendió que las políticas públicas deben diseñarse y ejecutarse con la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus familias, de manera que se eviten soluciones aisladas y se promueva la inclusión real en todos los ámbitos.
Derecho a la accesibilidad, la principal reclamación
Precisamente, el derecho a la accesibilidad continúa siendo el principal motivo de las denuncias presentadas en Cataluña por parte de personas con discapacidad, problemas de salud mental o enfermedades raras. Así lo recordó la presidenta del comité, Mercè Batlle, quien subrayó que “la accesibilidad sigue siendo la gran asignatura pendiente”.
A este derecho le siguen, por volumen de reclamaciones, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la participación en actividades culturales, recreativas, de ocio y deporte.
El informe recoge 248 denuncias, de las cuales 40 están relacionadas con el derecho a la accesibilidad; 31 con el derecho a la educación; 24 con el derecho a la salud; y otras 24 con la participación en actividades culturales y de ocio.
En cuanto a las propuestas de mejora, Batlle reclamó “un mayor compromiso institucional”, más inversiones en accesibilidad, avances en educación y empleo inclusivos, el refuerzo de un modelo de atención comunitaria, mayor sensibilización social y la eliminación de una burocracia que, según advirtió, “sigue actuando como una barrera añadida”.
