El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Martínez, ha afirmado hoy en el Congreso que, pese a las mejoras en el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, todavía “nos queda mucho” para adaptar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Así lo ha constatado en su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, en la que Martínez, a propuesta del Grupo Mixto, ha explicado las actividades del Foro Justicia y Discapacidad y el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.
Nacido en 2003 y dependiente del CGPJ, el Foro Justicia y Discapacidad tiene por objetivo “procurar que el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia sea en igualdad de condiciones, tenga una efectividad absoluta y que la discapacidad no condicione el acceso de estas personas a los tribunales de Justicia”.
Entre las actividades de la entidad, destacan los cursos dirigidos a los profesionales de la Justicia, el mantenimiento de relaciones institucionales con otros poderes del Estado y la sociedad civil y la publicación de informes sobre la materia, entre los que destaca el Código de la Discapacidad.
En su intervención, el presidente del Foro ha subrayado la necesidad de adaptar especialmente el artículo 12 de la Convención, que obliga a los Estados signatarios a instaurar un sistema de apoyos que permita que la persona con discapacidad “pueda tomar sus propias decisiones”.
“En el sistema vigente, lo que se hace es que cuando una persona tiene una capacidad limitada se le da un tutor, que en el fondo es sustituir la voluntad propia por la de alguien”, ha señalado.
En este sentido, Martínez ha recordado que “nos queda mucho” para aplicar este artículo. “No tenemos que renunciar a nada, porque tenemos la obligación de seguir mejorando. La Justicia debe ser real, no aparente”, ha añadido.
Con todo, el vocal del CGPJ ha constatado que la jurisprudencia española es “progresista e innovadora”, y ha enumerado como éxitos la adopción de la Ley de signos del 2007, la aprobación del Estatuto de la Víctima o las agravaciones penales incluidas dentro de los delitos de odio, entre otras medidas.
“El Tribunal Supremo ha hecho un gran esfuerzo en adaptar la interpretación del código civil a las exigencias de la Convención. Incluso se ha acuñado una expresión judicial, que es el ‘traje a medida'”, ha manifestado.
Otro de los aspectos que ha mejorado para Martínez es el lenguaje, puesto que a veces se utilizan “términos que no son apropiados”, como el de minusválidoEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Persona con discapacidad en su lugar.. “Sí que es necesario un lenguaje que lleve consigo el respeto, la igualdad y la no discriminación”, ha afirmado.
Los procedimientos de lectura fácil, consistentes en adaptar los textos jurídicos para que los puedan entender personas “que tienen algún tipo de limitación cognitiva o discapacidad intelectual”, también han adquirido gran relevancia en los últimos años.
“El lenguaje consiste en que yo me pueda comunicar y que la persona que está viviendo el proceso judicial lo entienda. Todos los operadores jurídicos tenemos la obligación de hacernos entender”, ha insistido Martínez.
Por otra parte, el presidente del Foro ha apreciado dificultades en la situación de las personas mayores, al no disponer de datos oficiales, así como en las pequeñas ciudades, en donde “no se pueden suministrar los medios a todos los juzgados” y para lo que sería necesario una “comarcalización” de las competencias.
Martínez ha subrayado en su comparecencia que “la propia asunción del juez no es garantía de los derechos humanos”, y ha reivindicado la figura del juez como “guardián de las promesas”.
“El juez democrático es ante todo un garante de los derechos humanos y la última defensa de los derechos de las personas con discapacidad está garantizada en el poder judicial”, ha sentenciado.
