El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó al Congreso de los Diputados que en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo proyecto está en trámite en la Cámara Baja, se declare expresamente el derecho a la conexión digital por parte de la ciudadanía, constituyendo obligación de los poderes públicos asegurar su efectividad.
Según explicaron desde Cermi, el acceso al entorno digital es hoy un “factor clave” para la participación comunitaria y la inclusión social, así como para el ejercicio real de otros muchos derechos “por lo que, si no existe garantía de conectividad para operar en entornos digitales, muchas personas y grupos de población, entre ellos el de las personas con discapacidad, quedarán excluidos de la vida en comunidad”.
A su juicio, la nueva norma legal “debe establecer como derecho de nuevo cuño el de la conexión digital, regulando las condiciones para su pleno despliegue”, tal y como lo expresó la entidad en su documento de enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones dirigido a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
Además de formular este derecho de conexión, las alegaciones del Cermi a la iniciativa normativa se dirigen a que las telecomunicaciones y los servicios tecnológicos a ellas asociadas sean universalmente accesibles, y que la nueva norma fomente la infoinclusión de las personas con discapacidad y de edad avanzada.
