Así lo pusieron de manifiesto también las distintas personas expertas del ámbito político que participaron en el XV Conversatorio de FCM, bajo el título ‘Hacia una nueva regulación de la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales en España”, que tuvo lugar este lunes, 31 de enero.

En el debate, que fue dinamizado por el director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, participaron la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Laura Berja Vega; la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero Pérez; la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Sara Giménez; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Sepúlveda García de la Torre; la activista feminista de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, Lidia Fernández Montes; y Tasia Aranguez Sánchez como miembro del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación Cermi Mujeres.

Laura Berja abordó en su intervención la importancia de tener una legislación sobre libertad sexual y pidió la colaboración de todos los grupos parlamentarios para cumplir con el Convenio de Estambul y poner fin a esta grave vulneración de los derechos humanos. “Esta ley servirá para dirigir los esfuerzos en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta ley es parte del camino” concluyó.

La coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, sintetizó las cuestiones fundamentales que debería recoger esta ley para las mujeres y niñas con discapacidad: la inclusión de la esterilización no consentida, indemnidad sexual, acceso a la justicia y accesibilidad. Destaca la necesidad de que la ley recoja el concepto de “indemnidad sexual” es decir, el bien jurídico protegido que toda persona tiene a que la formación de su sexualidad no se vea interferida de ninguna manera sobre todo en los menores y en las mujeres que tienen su capacidad jurídica modificada”, puntualizó.

Sara Giménez aclaró que el posicionamiento político de Ciudadanos sobre este proyecto de ley tiene como prioridad de cambio incluir la esterilización forzosa como forma de violencia sexual para mejorar la ley. “Desde la perspectiva de la igualdad de género y teniendo en cuenta el Convenio de Estambul hay sensibilidad de la mayor parte de los grupos parlamentarios en materia de esterilización forzosa”, anunció esperanzada.

Por su parte, Pilar Sepúlveda García de la Torre coincidió con el resto de las ponentes en que se debería recoger el proyecto de ley la indemnidad sexual para garantizar una protección adecuada de determinados grupos sociales desfavorecidos, entre ellos el de las mujeres y niñas con discapacidad.

Lidia Fernández valoró la labor que hace la Plataforma 7N y las organizaciones feministas que forman parte de ella en relación con este proyecto de ley. “Esta la ley es necesaria, pero no es suficiente. Creemos que la ley debe tener mandados competencias y recursos más claros”, declaró. Y continuó: “Desde nuestra plataforma, reclamamos una política integral contra la violencia sexual”.

Por su parte, Tasia Aranguez, como experta feminista, profundizó en los avances del proyecto de ley y los puntos que se deben solucionar como incluir el término indemnidad sexual en el proyecto de ley y “pasos hacia el abolicionismo de la prostitución”. Examinó el papel de la salud mental en la atención y el abordaje de las víctimas de violencias sexuales.