Celaá reitera que no cerrará los centros de educación especial en una carta a las entidades de discapacidad

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07/03/2019

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha remitido una carta firmada por la ministra Isabel Celaá a la organización Plena Inclusión, en respuesta a su consulta respecto a los centros de educación especial, en la que asegura que “no cerrará” estos centros a pesar de que en la reforma de la Ley Orgánica de Educación se fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios.

“Permítame que sea muy contundente en negar esta falsedad que se ha lanzado para atacar a este Ministerio y que ha generado una comprensible preocupación en las familias: los centros de educación especial no se van a cerrar”, asegura Celaá en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misiva remitida también al CERMI y a la plataforma ‘Educación Inclusiva sí, Especial también’, la ministra de Educación y Formación Profesional desmiente que se vayan a cerrar los centros de educación especial, y apunta que la obligación del Gobierno “es velar por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad y garantizar por tanto que recibe la respuesta más adecuada a sus necesidades específicas”.

Celaá expone en la carta que el Ministerio “seguirá apoyando los centros de educación especial”, y que su propósito es “mejorar los recursos de los centros ordinarios para hacer de ellos un contexto capaz de ofrecer la atención a la diversidad” y así “dar cabida a un número cada vez mayor de alumnos y alumnas que todavía hoy encuentran dificultades para escolarizarse en estos entornos más normalizados”.

También señala que el proyecto de reforma de la ley educativa prevé que los centros de educación especial “sigan avanzando, en la medida de sus posibilidades, en el apoyo a la educación inclusiva, asesorando a los centros ordinarios en esta tarea”.

“CLARIDAD” TRAS “INFORMACION CONFUSA”

Celaá responde así a una carta de Plena Inclusión, que agrupa a 900 entidades de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, remitida en febrero en la que demandaba al Ministerio “más información respecto a los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el proceso y plazos de extensión de la educación inclusiva”.

Tras la respuesta de la Ministra, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, ha valorado “la claridad mostrada por la Celaá en su carta al aclarar la información confusa que se ha manejado desde diferentes ámbitos en las últimas semanas y que ha generado una gran inquietud social”.

Además, ha señalado que su organización reclamará al futuro Gobierno que salga de las próximas elecciones “una estrategia nacional que garantice la extensión de una educación inclusiva de calidad”.

¿QUE DICE LA ‘LEY CELAA’?

El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), aprobada el 15 de febrero por el Consejo de Ministros y también conocida como ‘Ley Celaá’, fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

Según el texto del proyecto de ley, que no ha podido tramitarse en el parlamento por el adelanto electoral, se establece este plazo para que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas” desarrolle “un plan para que en el plazo de diez años” logre ese objetivo de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, se añade en la ‘Ley Celaá’.

Sin embargo, Celaá manifestó la semana pasada en una entrevista a Europa Press que no tenía intención de cerrar los centros de Educación Especial en los que están matriculados más de 37.000 alumnos con discapacidad en España y subrayó que las protestas de padres, alumnos y profesores, como la convocada el pasado 23 de febrero en Valladolid, a la que acudieron más de 5.000 personas, van dirigidas al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

“De ninguna manera supone el cierre de los centros especiales”, aseguró la ministra. “Una cuestión es que efectivamente haya niños y niñas con diversidad funcional que, atendiendo al interés superior del menor y con las familias, vayan trasladándose a centros ordinarios, pero de ninguna manera habrá un cierre de centros de Educación Especial. Esto lo quiero subrayar”, aseveró.

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