CC.OO ha tachado de “inadmisibles” e “intolerables” los nuevos recortes que, al parecer, se están preparando en materias como la sanidad, la educación o las ayudas a la dependencia, a pesar de que conlleven “empeorar” la situación de los colectivos más vulnerables.
“La introducción de nuevos copagos en sanidad es una pretensión intolerable. El sistema sanitario público se financia por impuestos. Debería ser, por tanto, la reforma fiscal la que fuera capaz de garantizar la suficiencia de recursos públicos para garantizar las prestaciones incluidas en las carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud”, ha señalado el sindicato.
Y es que, a su juicio, “proponer” rebajas fiscales, “quejarse” luego de la insuficiencia de los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos, y pretender como consecuencia de ello introducir copagos para resolverlo es “profundamente injusto e insolidario”.
“No es más que trasladar la carga económica de sanos a enfermos y de ricos a pobres, rompiendo criterios básicos del aseguramiento público en el sector sanitario”, ha denunciado para avisar de que son “propuestas alentadas desde sectores económicos directamente interesados en capturar fondos de la financiación pública sanitaria”.
TRATAN DE “DESLEGITIMAR” EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Por un lado, prosigue, tratan de “deslegitimar” al propio sistema público sanitario y, por otro, quieren presentar al sector privado como más eficiente cuando, según ha asegurado, no hay, tras años de experiencia, ni un solo dato que lo avale. Asimismo, el sindicato ha recordado que pretenden que las aseguradoras privadas entren parcialmente en el aseguramiento público.
“Se nos presentan como medidas de ahorro lo que no son más que ganancias para grupos económicos concretos”, ha apostillado. Dicho esto, ha calificado también de “inaceptables y estúpidas” las propuestas realizadas en el sector educativo y ha advertido de que la reducción de puestos docentes afectaría “directamente” a la calidad de la enseñanza y a la capacidad de atención personalizada.
“Por todo ello, el Gobierno debería rechazar directamente todas estas propuestas. Desmantelar los servicios públicos, castigando con ello a amplias capas de la población, limitar el acceso a los mismos (como se pretende también al reducir turnos de oficio e incrementar tasas judiciales), y atacar por distintas vías los derechos de los empleados públicos y sus condiciones de trabajo, son vías seguras de conflicto”, ha zanjado.