Un informe de la Fundació Rafael Campalans señala que Catalunya es la autonomía que más está tardando en recuperar la inversión social que se redujo durante la crisis económica por los recortes que aplicó el Govern.
Así lo muestra el ‘Informe social. Recuperación económica, debilidad social’ de 2018 recogido por Europa Press y que elabora anualmente la fundación vinculada al PSC.
Los datos establecen que Catalunya aún no ha recuperado los recortes de la crisis pese a la recuperación económica y que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad que más tarda en recuperarse, mientras que Baleares, Navarra y el País Vasco son los que más han recuperado el gasto social.
Expone que la inversión en políticas sociales en Catalunya fue el año pasado de 560,87 euros por habitante menos que la que había en 2009; y que en servicios sociales se ha reducido desde 309 euros por habitante en al año 2010 hasta 286.
Una de las causas que apunta sobre la tardanza de Catalunya en recuperar los recortes es la “inacción” del Govern en estas políticas sociales, ya que considera que no se trata de una cuestión de dinero sino de voluntad y prioridad política, y que está afectando principalmente a la educación, sanidad, vivienda y servicios sociales.
Uno de los ámbitos más perjudicados es la atención a la dependencia, donde el informe critica que el Gobierno del PP dejó de invertir unos 500 millones de euros, lo que ha provocado limitaciones a la Generalitat, pero también recriminan que el Govern no ha impulsado las medidas necesarias para reducir las listas de espera en sanidad, como creen que sí ha hecho la Comunidad Valenciana.
También advierte de que hay un estancamiento en la cartera de servicios sociales, que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se está aplicando de manera “restrictiva” porque solo se han aceptado 5.621 de las 71.300 solicitudes presentadas, y que la Generalitat no está atendiendo la infancia en riesgo de pobreza.
RIESGO DE POBREZA
El informe relata que la economía catalana está gozando de una evolución positiva pero “la salida de la crisis está siendo desigual” porque las desigualdades sociales generadas en la crisis se están convirtiendo en desigualdades estructurales.
De esta manera, alerta de que el año pasado 1,4 millones de catalanes se encontraban en riesgo de pobreza –el 20% de la población–, manteniendo la tendencia al alza iniciada en 2016.
Principalmente el riesgo de pobreza afecta a mujeres –el 20,7% respecto al 19,3 en los hombres–, la población menor de 16 años –ya que el 28,5% de los menores están en riesgo de pobreza– y la población extranjera –un 41,6% respecto al 15,7% de nacionalidad española–.
Además, los ciudadanos en paro tienen más posibilidades de estar en riesgo de pobreza: el 42,8% de los parados son pobres y el 59,3% están en riesgo de exclusión.
PROCESO INDEPENDENTISTA
Uno de los capítulos del informe está dedicado a las consecuencias económicas y sociales del proceso independentista, especialmente de los hechos ocurridos el otoño pasado.
Según el informe, la fuga de empresas y la “incertidumbre política” de esos meses ha ralentizado el crecimiento económico de Catalunya y que, pese a que continúa creciendo, lo hace con menor intensidad de lo que lo hubiera hecho.
Sin embargo, destaca que la economía catalana y toda España se ha recuperado “más rápidamente de lo previsto”, aunque avisan de que el efecto del proceso independentista en la economía puede tener consecuencias a largo plazo.
