El Govern empezará a computar a partir de este jueves el patrimonio de los beneficiarios de los servicios no gratuitos de la cartera de servicios sociales y del sistema de la dependencia para “determinar su capacidad económica” y calcular la cantidad que deberán copagar.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, no se tendrá en cuenta la vivienda habitual cuando “convivan en ella” la persona beneficiaria o las personas que dependan de ella; ahora bien, si la persona vive sola sí que se computará la vivienda, siempre que su valor catastral supere los 300.000 euros.

Con la nueva normativa para establecer la capacidad económica de los usuarios, publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) y recogida por Europa Press, el Govern persigue que “cada persona pague en función de su capacidad económica real”.

El texto hace referencia explícita a que el patrimonio se computará a los usuarios de prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) –actualmente suspendidas por falta de presupuesto–, de prestaciones económicas de asistencia personal y de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a los cuidadores familiares.

“Se trata de eliminar las desigualdades en el pago de servicios sociales y facilitar que todas las personas sin recursos puedan acceder en las mismas condiciones que el resto”, han precisado las citadas fuentes, que han añadido que la normativa que había hasta ahora para establecer el copago de los usuarios era muy dispersa.

También han matizado que las personas sin recursos “seguirán aportando exactamente las mismas cantidades que hasta ahora”, y han afirmado que todos los usuarios seguirán teniendo derecho a acceder a los servicios como hasta ahora: actualmente, un 3,5% de los beneficiarios no paga nada y es la Generalitat la que asume el coste.

DOS NUEVAS REDUCCIONES

Además de incorporar el patrimonio en los criterios de copago, la orden establece dos nuevas reducciones a aplicar en el cálculo de la capacidad económica: por cargas familiares –cuando convivan con el beneficiario personas a su cargo– y para compensar los gastos del mantenimiento del hogar y los gastos más básicos.

“Con este sistema todo el mundo estará financiado en función de su capacidad económica real”, han manifestado las mismas fuentes, que también han insistido en que estos criterios hacen referencia a los servicios sociales que no son gratuitos.