El Consell Executiu ha aprobado este martes destinar 2,5 millones a una prestación económica dirigida a las personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Neus Munté, junto al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

El objetivo de la prestación es ayudar a cubrir los gastos generados por la adquisición de productos y actuaciones que promuevan la autonomía personal y “contribuyan a mejorar la calidad de vida y la inclusión social”, según el acuerdo.

Esta prestación se enmarca en el Programa de atención social a las personas con discapacidad (PUA), que en 2016 benefició a 2.000 personas.

Estará dotada con 2,5 millones de euros este 2017, mientras que en el año pasado se destinaron 1,3 millones a estas ayudas, por lo que casi se doblarán los recursos en este ámbito.