Criterios sociales por delante de los económicos y la experiencia como punto fuerte. Son los pilares del futuro Decreto de Concertación Social en Castilla y León que persigue dar estabilidad y seguridad jurídica a las entidades, más de tres mil en la comunidad, que prestan servicios a personas con dependencia o con alguna discapacidad. La normativa primará ambos aspectos más que los económicos y permitirá unos conciertos de al menos seis años ampliables; aunque dependerán de servicios concretos, con el objetivo de dar estabilidad a los programas asistenciales.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, adelantó ayer en rueda de prensa que este decreto, cuya tramitación avanza con su publicación en Gobierno Abierto, regulará «el régimen de los conciertos sociales, amparado por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea, que permite a las comunidades concertar servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, pero siempre respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación». Y todo ello, aclaró, «porque los Servicios Sociales están incluidos en lo que la normativa denomina como servicios a las personas y, por lo tanto, gozan de especial protección mediante una regulación específica distinta de la que rige en materia de contratación pública».
El presidente de Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla y León, Juan Pérez, destacó que con esta norma se refuerza la «confianza depositada en el tercer sector, que estaría compuesto en la comunidad por más de 3.000 asociaciones, que se encargan de más de 5.000 servicios, que completan la atención con medios públicos». Además, defendió que no se producirá discriminación para ninguna entidad que trabaja en los Servicios Sociales y destacó también el criterio de sostenibilidad social y de igualdad en el tercer sector.
