El Partido Popular va a exigir al Gobierno que en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2019 se incluya la financiación suficiente para la implantación progresiva de la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad que tramita el Parlamento y garantizar la viabilidad de la nueva normativa de acreditación que necesita el sector.
La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, lo ha anunciado en un comunicado después de mantener una reunión con representantes del CERMI, que le han traslado las preocupaciones y demandas de las personas con discapacidad y de las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito de cara a la elaboración y tramitación de los presupuestos del próximo año.
En el encuentro, que se produce en el marco del “diálogo fluido y trabajo constante” con el sector, el PP dice que ha vuelto a constatar que “esta ha sido una legislatura fallida y sin avances también en el ámbito de los servicios sociales y que nada ha mejorado para las personas con discapacidad ni las entidades que las atienden porque el Gobierno no ha cumplido uno solo de los compromisos que adquirió con el sector y con los ciudadanos”.
“El sector está exhausto”, ha denunciado Buruaga, quien ha insistido en que “necesita certezas y poner fin a la parálisis”, y para ello demanda del Gobierno planificación, gestión y un entorno financiero estable que asegure la calidad y sostenibilidad del sistema público de servicios sociales y de las empresas y entidades que lo conforman.
“Pero lo único que ha recibido del Ejecutivo han sido ataques irracionales, chantaje e imposición”, ha afirmado. “No sólo no hay un solo resultado, sino que se han volado por los aires todos los cauces de entendimiento y trabajo conjunto con el sector, por lo que el balance es claramente negativo”, ha apostillado.
Buruaga se ha comprometido con CERMI a que “el Partido Popular ejerza de freno a la imposición del Gobierno con la normativa de acreditación”. Y ha explicado que el sector necesita una nueva normativa y el Ejecutivo debe ponerse “manos a la obra ya”, pero sabiendo que tiene que contar con un amplio consenso. “La normativa que no le sirva al sector tampoco le serviría al PP”, ha advertido.
Además, exigirá al Gobierno que el presupuesto para el próximo ejercicio 2019 cuente con financiación suficiente tanto para garantizar la implantación progresiva de la Ley de Garantías de Derechos de las Personas con Discapacidad ahora en tramitación, como la viabilidad de la normativa, porque “una nueva normativa y un nuevo modelo de atención no serán posibles sin un alto grado de consenso y sin una financiación suficiente y estable”.
Durante la reunión, en la que Buruaga ha estado acompañada por la diputada Isabel Urrutia, se han abordado otras cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y la necesidad de que este concepto transversal se traduzca en partidas presupuestarias para permitir actuaciones en los distintos departamentos del Gobierno: edificios públicos, turismo accesible, instalaciones deportivas, transporte público, comercio.
También se han abordado demandas en ámbitos específicos como educación, sanidad o empleo donde, según Buruaga, “el estancamiento es evidente”.
En representación de CERMI han participado en la reunión su presidenta, Mar Arruti, y dos de los miembros del Comité Ejecutivo, Roberto Álvarez (AMPROS) y Antonio Ruiz (ASPACE)