Cermi Cantabria (Comité de Entidades representantes de personas con discapacidad), junto a Amica, AMPROS, ASCASAM, ASPACE, Fernando Arce y la Fundación Síndrome de DOWN, han hecho pública este martes su "preocupación e inquietud" por la "grave situación" que atraviesan desde hace seis años, en los que calculan que los sucesivos Gobiernos regionales han dejado de abonar a estas entidades 4,3 millones de euros por los recortes del año 2012 y la no actualización de precios desde entonces.
Estas entidades tienen concertadas con la administración un millar de plazas para personas con discapacidad en centros de día, ocupacional, de rehabilitación psicosocial y servicios de atención residencial, atendidas por entre 600 y 700 profesionales que, como consecuencia de los recortes y el "déficit" en la financiación de esas plazas, "tienen congelados sus salarios desde hace muchos años".
Las entidades del denominado tercer sector denuncian que están "financiando parte del sistema" y estiman que para dar respuesta a la "grave situación de sostenibilidad" que ello les está generando, habría que destinar un 1,5% adicional del presupuesto de Servicios Sociales, lo que equivale a 3,5 millones de euros, a sumar a los 71 millones que el Gobierno regional destina a financiar ese millar de plazas concertadas.
Sostienen al respecto que el presupuesto de política social ha aumentado en 20 millones de euros desde 2015, pasando de 210 a 230 millones, y "ninguno de esos incrementos ha ido destinado a mejorar la financiación de estas plazas", lo que supone la consolidación de los recortes de 2012.
Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta de CERMI, Mar Arruti, y los anteriores presidentes, Antonio Ruiz director de ASPACE y Roberto Alvarez director gerente de AMPROS, que han estado acompañados por los máximos representantes de las distintas entidades.
ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL 3%
El sector, que ha pedido una subida del 8% en los precios públicos por plaza concertada, sigue reclamando la publicación urgente de la actualización de precios pese a que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Miguel Angel Revilla y Eva Díaz Tezanos, se comprometieron a comienzos de febrero a publicar la orden "de forma inmediata".
Arruti ha explicado que el pasado 14 de febrero las direcciones generales del ICASS y Política Social les anunciaron la publicación de una orden de precios con una actualización del 3%, pero 20 días después "sigue sin publicarse", por lo que reclaman su aplicación con efectos retroactivos desde enero. CERMI y sus entidades han valorado positivamente la actualización aunque "un 3% no solucione la situación".
Además, CERMI reclama una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad, junto con una Memoria Económica que recoja de modo objetivo y real la estructura de costes de los Servicios, ordenados.
"Todo ello en el marco de un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo", ha señalado Roberto Alvarez.