Primer pleno ordinario de la XI Legislatura en las Cortes de Castilla y León. Su presidente, Carlos Pollán, quiso ponerse la venda antes que la herida porque se lo vio venir, así que arrancó la sesión rogando a sus señorías que «debatan y discrepen desde el respeto». No le sirvió de mucho porque si algo se evidenció en las primeras preguntas de control al Ejecutivo es que entre el Gobierno y la oposición respeto hay más bien poco y las palabras y expresiones tan gruesas como duras sobrevolaron el hemiciclo.
El ambiente llegaba ya caldeado tras la comparecencia, el lunes, del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) en la Comisión parlamentaria donde aseguró que su objetivo era hacer de Castilla y León una comunidad «maternal», al tiempo que se refirió a las mujeres como «portadoras y dadoras de vida».
Así que la oposición socialista llegó con toda la artillería preparada contra el propio García-Gallardo al que, en el fondo, iban dirigidas las preguntas, aunque fuera la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, la encargada de frenar la ofensiva. Y no lo tuvo nada fácil.
La primera andanada llegó de la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, quien preguntó si la Junta «va a estar enfrente de los derechos y libertades de las mujeres», refiriéndose así a la afirmación de Gallardo (que, por cierto, llegó unos minutos tarde al pleno) de que la Junta estaría «enfrente» de la reforma de la Ley del Aborto. Respuesta de Blanco: «Siempre vamos a estar para defender los derechos de todos los hombres y todas las mujeres de Castilla y León». Después, concretó un poco más al señalar que «los derechos de las mujeres no están en peligro, están más seguros que nunca».
Pero al PSOE no le convencieron estas afirmaciones y Patricia Gómez advirtió a García-Gallardo que «vamos a estar enfrente de señores como usted» y contra sus comentarios «machistas y casposos». «No va a venir ningún señor a decirnos lo que tenemos que ser o no ser las mujeres», clamó y advirtió: «Nunca jamás vamos a dar un paso atrás». La consejera respondió con la defensa de los derechos «de todos» y garantizando la «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre el mundo urbano y el rural…».
Después, tuvo que hacer frente a otra acometida, la de la procuradora socialista Nuria Rubio, quien preguntó qué opinión tiene sobre «el negacionismo por parte de su socio de Gobierno (Vox) de la violencia de género». Blanco opto por otro muletazo: «Yo no opino sobre la opinión de otros. Me han elegido para gobernar, no para opinar». Pero Rubio le pidió que «sea valiente, frene la barbarie de Vox, deje los intereses partidistas y se ponga del lado de las víctimas». Y ante las afirmaciones de Gallardo advirtió de que «no somos vasijas. Somos libres para seguir o no con un embarazo y para amar en libertad».
El siguiente rifirrafe estuvo protagonizado por el vicepresidente y la procuradora Noelia Frutos, quien preguntó al vicepresidente sobre cómo cree que hay que tratar a las mujeres con discapacidad en Castilla y León. La respuesta inmediata fue que «igual de bien que a los hombre con discapacidad». Pero para la parlamentaria del PSOE, García-Gallardo tiene una «ética aberrante» y no llega «a la suela de los zapatos de las mujeres de esta tierra y mucho menos de las mujeres con discapacidad», que, en este segundo caso «sufren una doble discriminación y tienen una lucha constante cuando chocan con gente sin pizca de empatía».
El vicepresidente avisó que en su respuesta no iba a ser «condescendiente» y que iba a tratar a la procuradora «como a cualquier persona» en referencia a su discapacidad física, una afirmación que llevó al parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, a abandonar el hemiciclo visiblemente enfadado. Después, el número dos del Ejecutivo regional derivó su respuesta hacia el aborto para calificar a la izquierda de «hipócrita» y cargar contra las leyes «de la muerte» que «trituran a los niños en el vientre de las mujeres» y que se deshacen de los fetos a los que se detecta una malformación. «Contra eso nos van a tener enfrente», aunque matizó que con respeto a la legislación, incluida el derecho a la objeción de conciencia o la protección de datos.
Adoctrinamiento
La tarde siguió con más cuestiones ideológicas. Fernando Pablos (PSOE) preguntó por las medidas que pensaba adoptar la Junta para que el sistema educativo esté «libre de adoctrinamiento ideológico» como recoge el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. Pidió, además, con insistencia a la Consejera de Educación, Rocío Lucas, que dijese si pensaba implantar en la comunidad el pin parental como reclama la formación de Abascal.
Lucas no contestó a este último aspecto pero defendió que lo que la Junta pretende es «combatir el adoctrinamiento» que recoge la Lomloe. «Vamos a garantizar que la educación sea en libertad y que las familias puedan elegir», insistió, ya que, a su juicio, la Ley de Educación del Gobierno central es el «peaje» que ha tenido que pagar a sus socios al incluir una carga «que no tiene que tener» y que queda reflejada en los contenidos curriculares, de los que salen asignaturas como la filosofía o se deja fuera determinados periodos de la historia de España o el propio terrorismo.