Baleares atendió a 510 menores de seis años con algún trastorno o discapacidad

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La Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Govern valoró en 2009 a un total de 510 menores de seis años con posibles trastornos o discapacidades, de los cuales 376 fueron atendidos finalmente por el Servicio de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en una rueda de prensa, de la que se ha hecho eco “Europa Press2, convocada para dar a conocer el Decreto 85/2010, de 25 de junio, que regula la red pública y concertada de atención precoz en el ámbito de los servicios sociales de Baleares, una norma que, a su juicio, “garantiza y estabiliza” el funcionamiento de este servicio en las islas, operativo desde hace ya unos 20 años.

Según Santiago, entre el 2 y el 3 por ciento de los niños del archipiélago necesitan este tipo de tratamientos, un porcentaje que se ha incrementado en los últimos diez años como consecuencia del aumento de la prematuridad de los nacimientos, ya que el 58 por ciento de los menores que son valorados por la Conselleria en este sentido presentan posibles dolencias relacionadas con el alumbramiento antes de cumplirse los nueve meses de gestación.

TRATAMIENTO ANTES DE 33 DÍAS

Según la agencia “EFE”, los menores de seis años de Baleares que presenten algún trastorno de desarrollo o discapacidad serán derivados a un servicio de especialistas en esta materia en un período máximo de 33 días, una vez haya sido valorada su situación.

Santiago también manifestó que mediante el decreto aprobado se consolida una Unidad de Diagnóstico Infantil y de Atención Temprana (UDIAP) que lleva a cabo la valoración y la atención de los casos que ya existía, pero que ahora se ha consensuado. A esta unidad de atención temprana se puede acceder tanto a través del ámbito familiar como del social, sanitario o educativo.

El servicio de valoración dará al menor acceso al posterior tratamiento correspondiente y deberá contar, según lo establecido, con un equipo “mínimo” de profesionales formado por un neuropediatra, psicólogos, médicos rehabilitadores, trabajadores sociales y logopedas, y será de carácter obligatoriamente público.

Después de su valoración, en un período máximo de 33 días, el menor será derivado al Servicio de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana, formado por profesionales cualificados y por especialistas en atención familiar, que podrá ser de carácter público o privado, tal como se establece en el decreto.

Santiago ha resaltado que a través de este decreto se estabiliza y garantiza este tipo de atención en toda la comunidad autónoma, “sin tener que depender de voluntades políticas y garantizando un perfil de calidad mínimo”.

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