Representantes de gobiernos y parlamentos regionales de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Comunidad de Madrid coincidieron este jueves en la necesidad de que el Gobierno central aporte un mayor porcentaje para financiar los servicios y prestaciones derivados de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Así se puso de manifiesto en una mesa redonda celebrada en el marco de unas jornadas que el Cermi celebra este jueves y viernes en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Emilio Sáez Cruz, presidente de la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha, aseguró que "la Ley de Dependencia fue fundamental, y permitió que España se pusiera a la cabeza en este tipo de derechos", si bien criticó que "el Gobierno haya ido reduciendo las aportaciones" para sufragar estas políticas, "quedándose muy lejos del 50% que debería aportar".
Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, afirmó que "en 94.000 kilómetros cuadrados de comunidad autónoma vimos que era una oportunidad y a la vez un reto, y siempre hemos querido trabajar desde el consenso en el marco del diálogo social, así como con los diferentes ayuntamientos".
En todo caso, subrayó que la Administración regional aporta la mayor parte de los fondos para sufragar estas políticas, aunque puntualizó que se seguirá trabajando para mejorar cada día la red de apoyos.
Mientras, el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez Domene, ensalzó el modelo de atención que "impulsamos en paralelo con Castilla y León" y resaltó el trabajo que el Ejecutivo regional hace en materia de atención temprana, aunque precisó que "nosotros hemos dejado de percibir más de 508 millones de euros. Si esa pérdida no la hubiéramos sufrido, hoy Andalucía atendería a más de 105.000 personas".
Por su parte, Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, dijo que desde esta región "se apuesta por servicios de calidad" y por la "profesionalización", y recordó que los ajustes que se han tenido que hacer en el Sistema de Dependencia se produjeron en un momento económico muy delicado, "para salvar el sistema". Eso sí, agregó, "nosotros queremos trabajar para buscar un nuevo sistema de financiación".
ENTIDADES SOCIALES
Por otro lado, se celebró una mesa formada por entidades sociales, en la que Cristina Rodríguez, representante de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), "reclamó mayor apoyo a las personas en situación de dependencia con una red pública de servicios de calidad que favorezca la vida familiar, que cree empleo y generen beneficios. Es difícil, pero otros lo han conseguido. Ha llegado el momento de mayores apoyos a personas con discapacidad y mayores".
En este sentido, Demetrio Casado, consejero asesor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), reclamó un incremento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y que se garanticen los apoyos a los cuidadores no profesionales para el desempeño de su labor.
Para Amparo Fabra, representante del Consorcio Autismo, advirtió de que "este sistema recoge derechos que podemos necesitar todos en algún momento". Asimismo, se mostró a favor de que se garantice que las personas mayores puedan permanecer en su hogar, "porque muchas es lo que quieren, pero para personas que tienen discapacidad mucho antes, lo que se debe hacer es que salgan de casa y lleven una vida independiente y empoderada".
En esta línea, Noelia Cuenca, representante de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), criticó que "la ley deja fuera a muchas personas, y está más pensada para atender a la dependencia que a la promoción de la autonomía personal".