“El incremento de población con discapacidad intelectual en cárceles prueba el fallo en los sistemas de detección, prevención e intervención en las situaciones de riesgo”, según la tesis doctoral realizada por la profesora Clarisa Ramos Feijoo, defendida recientemente en la Universidad de Alicante (UA).
Este estudio aborda la problemática de las personas con discapacidad intelectual en las cárceles y analiza las características de esta población, a través del estudio de los procesos de exclusión e integración personal, familiar y social.
“Las personas con discapacidad intelectual, así como las personas con enfermedades mentales que se encuentran dentro del sistema penal penitenciario, evidencian que la intervención socio-sanitaria ha sido insuficiente, aunque exista como recurso”, explica Ramos en declaraciones a SINC recogidas por Europa Press.
“Una forma de prevenir que personas con discapacidad intelectual integren los penales tiene relación directa con una adecuada detección de las situaciones de riesgo en que se encuentran las personas de estos colectivos”, dice.
A su juicio, estos mecanismos “faltan o no están suficientemente aprovehados los dispositivos socio-sanitarios que contribuyan a la integración social efectiva de las personas con discapacidad intelectual con perfiles conflictivos”.
La investigación, de ámbito nacional, aporta evidencias y propuestas sobre los ámbitos en los que las redes de apoyo primarias y secundarias contribuyen a la integración social, así como claves para evitar las situaciones de delito y encarcelación, “máxima expresión de la exclusión social”, según la investigadora.
Para los directores de la tesis, Miguel A. Mateo y Demetrio Casado de la UA, la tesis “aborda de manera sistemática diferentes aspectos sobre la importancia de coordinar iniciativas y experiencias desarrolladas en los procesos de integración de las personas con discapacidad intelectual, tanto por parte de los Servicios Sociales y de salud como del tercer sector”.