Las entidades y plataformas del Tercer Sector de Acción Social que suscribimos este documento, queremos destacar la necesidad de contar con una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en nuestro ordenamiento jurídico y subrayar la pertinencia de esta iniciativa en el contexto actual.

Las ventajas de contar con una ley general, la vinculación de la protección ante la discriminación con los derechos a que son acreedores los ciudadanos y ciudadanas, la convicción de que la discriminación, la desigualdad y la restricción de oportunidades pueden afectar a cualquier persona, la experiencia cotidiana de nuestras entidades, entre otros factores, son la base de este argumentario que no pretende analizar el articulado de la propuesta actual de Ley –cosa que se ha hecho en el momento adecuado del proceso de interlocución- sino manifestar la postura de nuestro sector ante el fenómeno de la desigualdad y la discriminación, cuyo impacto supone un handicap importante para el desarrollo social y económico de nuestro país.

Entendemos que es necesario contar en nuestro ordenamiento jurídico con una ley general, integral y garantista, que tenga como objetivo prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, al tiempo que ofrecer protección a las víctimas. Entendemos también que esta ley debiera combinar un enfoque preventivo con un enfoque reparador y que debe incluir motivos de discriminación hasta ahora no contemplados en los instrumentos legales con los que contamos.

Los avances experimentados por nuestro país en materia de Igualdad no se ven reflejados en un tratamiento unitario, sino que se han centrado en colectivos concretos, sujetos a sistemas de protección heterogéneos, en función del tipo de discriminación.

Queremos hacer especial hincapié en que es preciso enfocar el tema de la Igualdad desde una óptica que englobe a todos los ciudadanos y ciudadanas, no como una cuestión de minorías. Vivimos en una sociedad diversa y todos y todas podemos ser objeto de discriminación: por edad, por origen racial o étnico o nacional, por sexo, por enfermedad,por discapacidad, por orientación o identidad sexual, por apariencia…Necesitamos una ley que garantice el derecho a la igualdad y a la no discriminación para todos y todas.

La igualdad en el goce pleno de los derechos fundamentales y la búsqueda de la plena realización personal constituyen una meta irrenunciable y por ello, deben removerse todos los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas

A nuestro entender, la transposición de las Directivas Comunitarias en esta materia (Directiva 2000/43 CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva 2000/78 CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación) no ha tenido ni el debate, ni el alcance, ni la aplicación efectiva, ni la dotación de recursos necesaria. Es preciso que en España el tema de la igualdad de trato y la no discriminación tenga un reflejo paralelo al peso que tiene en los países de nuestro entorno comunitario.

Sabemos que el contexto actual ha acrecentado las situaciones de discriminación -incluida la institucional- en el acceso a recursos, bienes y servicios, y conocemos de cerca su impacto en otros temas como el empleo, la vivienda, la educación, la cohesión social, el sentido de pertenencia, etc…Consideramos por ello urgente que se de cabida y se agilice la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa sobre Igualdad de trato y no discriminación en esta legislatura.

Estamos convencidos de que la justicia social tiene que ver también con el reconocimiento de la diversidad y de que nuestro modelo social y económico debe contemplar la cohesión y la paz social como objetivo fundamental. No puede haber cohesión social sin igualdad de oportunidades, sin igualdad de trato.

La diversidad por origen, por cultura, por orientación e identidad sexual, por sexo, por edad, por discapacidad… se convierte en uno de los principales patrimonios de nuestra sociedad y de la humanidad. El gran reto que tenemos por delante es la adecuada gestión de la diversidad a todos los niveles y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Discriminar o segregar al diferente, no solo concierne y afecta a la persona que sufre la situación de discriminación, sino al conjunto de la iudadanía, a la cohesión social y al desarrollo de nuestra sociedad. Luchar y legislar por la igualdad de trato y la no discriminación es, por tanto un objetivo colectivo que a todos nos compete y por el que todos y todas debemos apostar.

Sería muy extenso reflejar aquí la experiencia cualitativa de que actualmente disponemos para justificar la necesidad de una Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación , pero queremos señalar que los datos recogidos por instrumentos como el Eurobarómetro, los informes del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la experiencia de proyectos como la Red de Antenas contra la Discriminación etc, así lo reflejan.

Este tipo de iniciativas son muy necesarias porque pese a que sabemos que la discriminación existe y sabemos el perjuicio que ocasiona, no contamos con suficientes datos e investigaciones sistematizadas que nos permitan dimensionar un fenómeno cuya visibilidad es la punta del iceberg (Cerca del 15% de los españoles señala que ha sido víctima de casos de discriminación y el 30% que ha sido testigo de casos, según el último Eurobarómetro). En este sentido es sumamente importante potenciar la sensibilización social y crear nuevas herramientas que nos posibiliten el acercamiento a estas realidades, su estudio y análisis estadístico.

La práctica cotidiana de nuestras entidades nos muestra día a día las barreras, a veces insuperables, y con frecuencia sumamente dañinas (tanto para las personas que la sufren como para la sociedad en su conjunto) que los estereotipos, las generalizaciones, los prejuicios y la discriminación crean para que las personas puedan sentirse integradas y parte de la sociedad en la que viven.

La experiencia nos muestra también que las personas que sufren la discriminación no la denuncian por una variedad de motivos, entre los que se encuentran la creencia de que no sirve para nada, de que es normal o de que no tiene importancia porque siempre les ha sucedido, así como por temor a represalias, por no disponer de recursos públicos donde exponer la situación o por desconocimiento. Cualquiera de estas motivaciones debe hacernos pensar en la conculcación de derechos y en la desprotección e indefensión que suponen para las víctimas. Esto nos hace insistir en la necesidad de contar con una ley que garantice la aplicación del principio de igualdad de trato y la lucha contra la discriminación, que establezca las herramientas necesarias para lograr la igualdad efectiva y real, una ley que supondría un avance importante respecto a la regulación actual.

Los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación, el Dictamen del Consejo Económico y Social y el Dictamen del Foro para la Integración de los Inmigrantes avalan la necesidad de una Ley de igualdad de trato y no discriminación. En cuanto a la opinión manifestada por gran parte del Tercer Sector de Acción Social, se ha recogido pormenorizadamente en sucesivos documentos de valoración de las distintas entidades y plataformas, (EAPN-ES, CERMI, POAS, Informe Raxen, etc). En todos los casos, estos documentos coinciden en la necesidad y pertinencia de una iniciativa legislativa al respecto.

Entendemos que es inexcusable por parte del Sector no aportar nuestro punto de vista en esta materia. Las entidades del Tercer Sector social tienen la responsabilidad de actuar como interlocutores de los poderes públicos en la construcción y desarrollo de políticas sociales, no sólo en clave de buena gobernanza, sino también en función de nuestra proximidad a la ciudadanía, de nuestra capacidad para captar demandas sociales emergentes y de nuestra profunda convicción de que la discriminación y la desigualdad son factores que, al tiempo que vulneran los derechos fundamentales, acrecientan el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas y comunidades.

Estimamos que la propia necesidad de una iniciativa legislativa en materia de igualdad de trato y no discriminación debe ser más que suficiente para despolitizar el tema. Creemos que debería ser objeto del mayor apoyo parlamentario posible y del máximo consenso político, ya que redundaría en la protección de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Una sociedad no puede avanzar sin garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de quienes la componen. La discriminación supone una conculcación de derechos, una pérdida de capital humano en el desarrollo social y económico, una pérdida de riqueza en la coexistencia ciudadana, un riesgo de fractura social. Trabajar para erradicarla es social y económicamente rentable y es una tarea que requiere la corresponsabilidad compartida de todos los estamentos sociales.
Por eso esperamos del conjunto de grupos políticos que:

• Tengan en cuenta que si no se regula la lucha contra la discriminación, esta tiene consecuencias económicas y laborales, sociales, culturales, educativas y políticas negativas que afectan a las personas discriminadas y a la sociedad española en su conjunto, situándola en una posición de retraso con respecto a los países de la UE y de la OCDE

• Generen los consensos necesarios para que la Ley salga adelante con el máximo apoyo.

• Sean ambiciosos en los objetivos perseguidos por la Ley, al objeto de conseguir una sociedad más justa en la que no quepan las discriminaciones

• Contemplen en el articulado de la Ley las medidas necesarias, no solo para corregir la discriminación sino para garantizar de forma efectiva el principio de Igualdad de Trato entre todas las personas