La ONG Amnistía Internacional ha reiterado su petición al Gobierno central de que paralice la reforma de la ley del aborto, que de aprobarse exigiría el consentimiento paterno para las menores de edad o con discapacidad que deseen abortar.

Con motivo de la celebración este domingo del día internacional de la mujer, la ONG ha considerado que se trata de una medida innecesaria, contraria a las recomendaciones internacionales y que pondría a las víctimas de violencia de género en una posición de «más vulnerabilidad».

Así lo ha expresado la coordinadora de Amnistía Internacional en Catalunya, Adriana Ribas, en un acto celebrado este viernes en la plaza del Diamant de Barcelona, donde activistas de la entidad vestidos de obreros –con cascos y chalecos amarillos– han mostrado varios carteles en los que se podían leer mensajes referentes a algunas de las prohibiciones que sufren las mujeres y las niñas en relación a los derechos sexuales y reproductivos.

La ONG quiere llamar la atención ya que considera que la propuesta del PP supone «un peligro» y una vulneración de los derechos humanos, por eso ha optado por el símil con las obras, donde al acercarte te alertan de los riesgos.

Con la campaña ‘Mi cuerpo, mis derechos’, en la que se enmarca el acto de este viernes, Amnistía Internacional critica que los estados «están tomando medidas represivas» en materia de derechos sexuales y reproductivos, y que España está siguiendo esta tendencia, lo que valoran como un error.

Dentro de esta campaña, la ONG está llevando a cabo una recogida de firmas ‘online’ a nivel estatal para presentar una proposición al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y al grupo parlamentario del PP con el fin que se retire la propuesta de reforma de la ley del aborto.

Ribas cree que es una medida innecesaria porque según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), el 87% de las menores que abortaron entre enero y septiembre de 2014 lo hicieron acompañadas de sus padres.

También ha apuntado que la reforma va en contra de las recomendaciones internacionales, entre las que se encuentra la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que exigir el consentimiento de los progenitores para adolescentes limita la autonomía de las mujeres y puede provocar que huyan de los servicios seguros y legales, además de proponer que se apliquen políticas públicas que animen a este consentimiento pero que no lo exijan.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 499 menores fueron víctimas de violencia de género en 2013, y la fiscalía avisa que cada vez hay más casos de violencia hacia hijos e hijas –el abuso sexual es el maltratamiento familiar más común en los menores de 12 a 17 años según el Observatorio de la Infancia–, por lo que Ribas considera que la reforma expondría aún más a este colectivo.