El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha destacado hoy que las administraciones públicas, incluido el Gobierno de España, comparten con las entidades sociales un fuerte compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Lo ha hecho en el acto de entrega de doce vehículos adaptados del Real Patronato sobre la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), y la Fundación ONCE, cuyo uso ha sido cedido a organizaciones sociales.
Esta entrega es resultado de la implantación de un programa de accesibilidad universal para personas con discapacidad en el que se ha trabajado mediante el convenio firmado entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ONCE, que se firmó el pasado mes de julio. El objetivo del proyecto, que ha subvencionado el Ministerio con 500.000 euros, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad facilitando su movilidad mediante la adquisición de vehículos adaptados para el transporte colectivo.
Las asociaciones beneficiadas han sido: la Asociación para la Ayuda a la Atención al Paralítico Cerebral (ATENPACE), el Institut Aspace Fundació Privada, la Asociación Provincial de Padres con Niños y Adultos Minusválidos (APANAS), la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI), la Asociación por la Integración e Igualdad del Minusválido Psíquico (ASPIMIP), la Asociación Guipuzcoana de Autismo. San Sebastián (GAUTENA), la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería (ASPAPROS), la Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Psíquica de Linares y Comarca (AINPER LINARES); la Asociación Mater et Magistra; la Asociación Agora; el CEE Fesma Empleo y la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Arganda del Rey (AFA Arganda).
El ministro ha recordado que el papel del movimiento asociativo en la mejora de la calidad de vida de estas familias y su coordinación con las administraciones locales y estatales es clave, ya que sus miembros son capaces de trasladar las necesidades de un colectivo. En este sentido, la nueva Ley del Tercer Sector fortalece el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores del Estado en el diseño de las políticas sociales, que se canaliza por dos órganos: el Consejo estatal de ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
CASI 4 MILLONES DE PERSONAS
Esta legislatura se ha avanzado en la igualdad con la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que proporciona seguridad jurídica y protección a las casi 4 millones de personas con discapacidad que hay en España. Este texto sigue la Convención Internacional e incluye un título dedicado a garantizar sus derechos, un reconocimiento expreso de la libertad en la toma de decisiones y todas las definiciones de discriminación, incluidas, por primera vez, las discriminaciones por asociación y acoso.
También ha tenido un importante papel el Plan de Acción 2014-2016 sobre la Estrategia de Discapacidad, dotado con 3.093 millones de euros y que contempla 96 medidas para avanzar en igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía. Además, se ha respondido a una reivindicación histórica al garantizar la igualdad en toda España en el ejercicio de derechos derivados de la tarjeta de estacionamiento.