Fiscales y abogados madrileños, entre otros representantes de la Justicia, aprenden hoy cómo proceder con las personas con discapacidad intelectual que tienen que enfrentarse a un proceso judicial, para acompañarlas debidamente y sobre todo evitar una “revictimización”.
La Delegación del Gobierno en Madrid acoge hoy la jornada técnica “El acceso a la Justicia de las víctimas con discapacidad intelectual”, organizada por la Fundación Carmen Pardo Valcarce y a la que asisten cerca de un centenar de abogados y fiscales.
Se trata de saber cómo proceder con este colectivo, facilitando su declaración en las circunstancias que requiere, ya que la Fundación ha constatado que cuando estas personas están debidamente asesoradas y acompañadas se juzga hasta el 90 por ciento de los casos, mientras que si no es así la cifra no llega al 20.
La presidenta de la Fundación, Almudena Martorell, ha explicado que las personas con discapacidad intelectual son muy vulnerables porque se las educa en la confianza en terceros e incluso “se infantiliza su sexualidad”.
Si son víctimas de un delito, en muchos casos abusos sexuales, a veces no saben expresarlo o situarlo en el espacio o el tiempo, por lo que “es muy difícil que el juicio llegue a fase oral y el juez tenga herramienta para poder juzgar”.
Por eso la Fundación lleva cinco años trabajando en este ámbito y cuenta con “facilitadores”: psicólogos que acompañan a las víctimas y se aseguran de que su testimonio se presta adecuadamente y se respetan todos sus derechos.
Una de las demandas que suelen plantear es que se grabe el testimonio del afectado una sola vez, de manera que valga de cara al juicio y no tenga que repetir lo que le pasó varias veces, evitado así “una revictimización continua”, ha destacado Martorell.
La Fundación atendió siete casos en su primer año, aumentando hasta 120 casos en 2015, y no porque haya más víctimas con discapacidad intelectual, sino porque la sociedad va conociendo su trabajo y acude a estos profesionales.
La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha explicado que la Policía y la Guardia Civil ya tienen protocolos para trabajar con este colectivo y ahora “los conocimientos y la sensibilidad” se trasladan a fiscales y abogados para evitar una segunda victimización durante todo el proceso judicial.
El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha recordado que la Fiscalía madrileña cuenta con un servicio de asistencia y protección a las víctimas en situación de riesgo integrado por psicólogos, trabajadores sociales y policías, que habitualmente atiende a víctimas con discapacidad intelectual porque su enjuiciamiento es “especialmente difícil”.
El objetivo es apoyar a las víctimas y enjuiciar “con las debidas garantías” unos casos que “igual hasta ahora no estaban todo lo valorado” que se debiera, ha añadido el fiscal, que ha precisado que la mayoría de casos que se contabilizan son por abusos sexuales.
La decana de Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha explicado que esta misma tarde esta institución pondrá en marcha una nueva área de trabajo sobre discapacidad y dependencia para formar y sensibilizar a los letrados, especialmente a los del turno de oficio.
“Se ayudará a estas víctimas a comprender sus derechos, lo que va a acontecer”, y también se reclamarán para ellas “todos los medios que hagan falta”. según Gumpert.