La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional, y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o dificultan. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración.
La Sección 2ª del Capítulo VI del Título I del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social se refiere al empleo ordinario de las personas con discapacidad.
El artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece que, para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad.
La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de[…]
- Organismo emisor: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
- Rango: ORDEN
- Fecha de publicación: 27/10/2023
- Fecha de disposición: 19/10/2023