La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional, y corresponde a los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o dificultan. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración.
La Sección 3.ª del Capítulo VI del Título I del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social se refiere al empleo protegido a través de los centros especiales de empleo.
El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, dispone que se fomentará el empleo de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral.
La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en su disposición final segunda 2, modifica el artículo 35.1 de ésta última norma,[…]
- Organismo emisor: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
- Rango: ORDEN
- Fecha de publicación: 13/10/2023
- Fecha de disposición: 28/09/2023