Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

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Organismo emisor

Fecha de disposición

Fecha de publicación

31/12/2012

Fecha de entrada en vigor

Sección

Leyes Autonómicas

Colectivo

Todos

Ambito

Aragón

Resumen

Artículo 1.- Objeto .

La presente ley tiene por objeto reconocer la autoridad pública del profesor y fomentar la consideración y respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con la fi nalidad de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente ley será de aplicación en los centros educativos no universitarios de la Comu- nidad Autónoma de Aragón que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 3.- Principios generales. Los principios generales que inspiran esta ley son:

1. El derecho a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución Española y los fi nes que desarrolla el artículo 27.2.

2. El reconocimiento del centro docente como ámbito de aprendizaje de los valores de convivencia, tolerancia, pluralismo y formación en los valores democráticos y de desarrollo de la personalidad del alumno.

3. La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza.

4. La ratificación del profesor como figura fundamental para que el alumno desarrolle al máximo sus capacidades, su deseo de aprender, su sentido del esfuerzo y su espíritu crítico.

5. La autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado, con las limitaciones derivadas de su relación jurídica con el centro, cargos directivos o funciones docentes de su competencia.

6. El reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y de- beres de todos los miembros de la comunidad educativa.

7. La necesidad de disponer en los procedimientos educativos y disciplinarios de un refe- rente de autoridad expresamente defi nido para el profesorado, sin perjuicio del respeto a los preceptos que garantizan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes reco- gidos en el ordenamiento jurídico vigente.

8. La necesidad de que los centros educativos dispongan de normas de convivencia eficaces y que los profesores cuenten con los medios necesarios para garantizar su cumplimiento.

9. El deber de los padres de contribuir responsablemente a la educación de los hijos en colaboración con el centro docente.

10. La convicción de que una rápida intervención en la toma de decisiones contribuye eficazmente a la mejora de la convivencia escolar.

11. La promoción, en el ámbito de las competencias de cada centro, de un adecuado clima de convivencia escolar que, fundamentado en la responsabilidad individual, en el respeto mutuo y en el esfuerzo personal, facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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