1. El presente decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los conciertos sociales para la prestación de servicios en determinados ámbitos del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
2. El concierto social, se define como el instrumento de gestión indirecta de los servicios sociales públicos, regido por los principios de publicidad, transparencia y no discriminación y eficiencia en la utilización de fondos públicos, dirigidos a la atención directa a las personas, cuya financiación, acceso y control corresponde a las Administraciones públicas de la Comunidad.