Dispone que tiene que reservarse el 7 % del número total de plazas convocadas para que sean cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, de forma que progresivamente se llegue al 2 % de los efectivos totales del Servicio de Salud, siempre y cuando superen las pruebas selectivas y que en su momento acrediten tener reconocido el grado de discapacidad establecido y ser compatibles con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.