El 14 de julio de 2016 se aprobó en Consejo de Gobierno, por Acuerdo 43/2016, el Plan de inversiones sociales prioritarias 2016-2020, el cual tenía como objetivo el de coadyuvar a mejorar la prestación de los grandes servicios públicos que constituyen la esencia de las competencias autonómicas, priorizando las actuaciones a acometer en el campo de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Concluida la vigencia de este Plan 2016-2020, es necesario dar continuidad a las actuaciones oportunas para alcanzar el objetivo del mismo el cual sigue estando plenamente vigente hoy día, máxime si tenemos en cuenta la nueva realidad en la cual la pandemia de la COVID-19 constituye una grave amenaza no sólo para la salud mundial, sino también para la economía y las inversiones. Entre las consecuencias más importantes de esta grave pandemia, además del efecto directo en la salud pública, se encuentra la profundización de la desigualdad en las sociedades y las dificultades para determinados grupos sociales de acceder en condiciones de equidad a servicios esenciales.
Por ello, es imprescindible la inversión pública con el objetivo de reducir estos impactos negativos asociados a la crisis. Una inversión pública que debe tener presente no solo el impacto macroeconómico general, sino también su capacidad para apoyar otras prioridades fundamentales para el bienestar público y la solidez económica a largo plazo, garantizando el acceso de toda la población a servicios tales como la educación, la salud, y la atención específica de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.
