La Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo se aprobó el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, quedando abierto a la firma de los países que se acogían al texto el 30 de marzo de 2007.

El documento fue firmado por 82 países. España ratificó el texto el 3 de diciembre de 2007 y entró en vigor en mayo 2008. De esta manera, los estados que firman el documento se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Este documento señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.

Los principios por los que este documento se rige son los siguientes:

  • El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas
  • La no discriminación
  • La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
  • La accesibilidad
Imagen representativa a objetivos, ideas
  • El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas
  • La igualdad de oportunidades
  • La igualdad entre el hombre y la mujer
  • El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad

El propósito de la presente Convención, según indica el artículo 1 de la misma, es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”

Te interesa:

Esta Convención ha motivado cambios en la legislación española. La más importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ya que reconoce reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos. Además establece el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

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