El pasado mes de junio se aprobó la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta nueva legislación da un vuelco al tradicional sistema de protección al “presunto incapaz” que existía en España desde los años ochenta. De hecho, figuras jurídicas como la incapacitación judicial, tutela de personas adultas, patria potestad prorrogada o rehabilitada desaparecen desde el pasado 3 de septiembre.

Sin embargo, se han reforzado otras figuras como el guardador de hecho y cobrarán especial importancia la labor del notario, el cual precisará de asesoramiento social lo que nos abre una nueva vía para el ejercicio libre a la profesión del trabajador social.

Consideramos fundamental realizar una formación preliminar a los trabajadores sociales de Andalucía o quien quiera participar, puesto que en estos momentos es urgente que conozcan el nuevo procedimiento y como saber actuar ante los casos de personas con discapacidad que precisen de apoyos para poder ofrecer una respuesta a los familiares y a otros servicios tanto sanitarios como fuerzas de seguridad ante situaciones que revistan el carácter de urgencia.