La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha supuesto una trascendental modificación no solo en las diferentes disposiciones legales afectadas, sino también en la concepción de determinados postulados tradicionales en relación con las personas físicas.

De entre las personas con discapacidad concernidas por la nueva normativa, las que tienen una discapacidad intelectual son, probablemente, las que plantean una más abundante problemática, que será analizada por diferentes operadores jurídicos a través de los temas que se consignan en el Programa.