En España carecemos de una definición apropiada de los colectivos vulnerables, particularmente de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, que necesitan apoyos tanto para aprender en el sistema educativo y tener un desarrollo lo más normalizado posible como para alcanzar el máximo grado de autonomía y ejercer sus derechos durante la vida adulta y proceso de envejecimiento. Ni el Gobierno de la nación ni el de las comunidades autónomas (CCAA) han sido capaces hasta el día de hoy de avanzar en la identificación precisa de los colectivos vulnerables y, por tanto, toman sus decisiones (distribución de recursos, financiación, becas, etc.) arbitrariamente, generalmente sujetos a la demanda de los colectivos con mayor capacidad de presión.
Resulta evidente la falta de regulaciones claras y coherentes con la visión y objetivos recogidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (2006). Ya se sabe que “lo que no se define no se puede medir”, “lo que no se mide no permite aplicar un criterio de equidad en la asignación y distribución de los recursos humanos y materiales” y, al final, las consecuencias son que no se respetan adecuadamente los derechos de todas las personas.
Este Informe, realizado a solicitud de la Confederación Plena inclusión consiste en una serie de ideas y propuestas para debatir, que requiere un tiempo de maduración, y que debe mejorarse con la visión y participación de otros profesionales e investigadores, así como de responsables de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad (representadas por medio del CERMI), y de las administraciones, quienes han de tener en cuenta las implicaciones de la clasificación y terminología sobre las decisiones habituales.
