La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica introduce en el Código civil un nuevo sistema basado en el derecho a decidir de las personas con discapacidad. Esta reforma amplia y contundente pone de manifiesto un cambio de mentalidad para todos los operadores jurídicos, reconociendo la plena capacidad jurídica, la dignidad de la persona y su derecho a tener los apoyos necesarios para tomar decisiones. Se centra en la voluntad, las preferencias y deseos de la persona, siempre con las salvaguardas necesarias para evitar los conflictos de intereses o influencias indebidas.