Los estados deben garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en las diversas actividades culturales que se realicen. Esta propuesta surge de la Declaración de Madrid, donde se resalta que las personas con discapacidad deben disfrutar de una amplia gama de derechos humanos incluyendo dentro de estos los derechos culturales. Para ello hay que generar una igualdad de oportunidades de acceso a los diferentes recursos de la sociedad, incluyendo los de ocio y tiempo libre.