La redacción de este protocolo de buenas prácticas intenta dar respuesta, por un lado, a la demanda creciente de orientaciones de aquellos operadores jurídicos y sociales, informados y con disposición para aplicar la nueva legislación, pero que carecen de ejemplos y precedentes en los nuevos procedimientos.
Por otro lado, el protocolo trata de ayudar a cumplir con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley, sobre formación en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, poniendo a disposición de los lectores y de todos los órganos del Poder Judicial, la experiencia y el saber hacer de las entidades de apoyo para el ejercicio de la
capacidad jurídica, antiguas fundaciones tutelares, que desde hace años vienen aplicando un modelo basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la ética de los apoyos.