Este protocolo es una herramienta pionera diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de ministerios y organismos públicos, que permitirá a las distintas unidades de la AGE autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad mediante un listado de comprobación que aborda seis grandes ámbitos estratégicos: recursos humanos, entorno físico, ámbito jurídico, gestión económico-presupuestaria, tecnologías de la información y atención a la ciudadanía. El objetivo es identificar carencias, activar mejoras pertinentes que abran la administración pública a la diversidad humana.