Uno de los fenómenos más importantes que se ha producido en el ámbito del Derecho a partir de la segunda mitad del siglo XX es el proceso de internacionalización de los derechos humanos, que ha cristalizado en la puesta en marcha de mecanismos internacionales de garantía de los derechos humanos superiores a los Estados, y cuyo último hito relevante, ya en pleno siglo XXI, ha sido la aprobación y entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ese proceso ha encontrado en los diversos sistemas jurídicos, y concretamente en el nuestro, un importante obstáculo derivado de la ausencia de cauces adecuados para lograr la plena eficacia interna de tales mecanismos internacionales de garantía.

Esa es la problemática sobre la que versará el presente estudio, que pretende dar respuesta a dos preguntas fundamentales: a) cuál es el valor jurídico, en nuestro Derecho, de las resoluciones de los órganos de garantía instituidos por los tratados internacionales de derechos humanos; b) qué mecanismos deben arbitrarse –en su caso, a través de las oportunas reformas normativas– para dotar a tales resoluciones de la efectividad que corresponda a su valor jurídico.