La persona con discapacidad que ha de ejercitar un derecho en el proceso penal o participa en un acto procesal puede enfrentarse con una serie de barreras u obstáculos para su pleno ejercicio: los problemas de accesibilidad física a las instalaciones de la administración de justicia; las dificultades para acceder a la asistencia y representación jurídicas; la no disponibilidad de información en formatos accesibles; las actitudes paternalistas o negativas que cuestionan la capacidad de las personas; la falta de formación de los profesionales que trabajan en el sistema de justicia; entre otros.
Esta guía práctica pretende proporcionar a los jueces, así como a quienes prestan servicio en el sistema de justicia, aquellas herramientas necesarias para detectar la presencia de una persona con discapacidad en un acto procesal, para comprender sus necesidades, así como para adoptar las medidas de ajuste necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.