Evaluación y calificación de políticas nacionales sobre atención educativa – sanitaria de la diversidad

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Autor/es

  • Patricia C. Brogna (dir.)
  • Antonio Jiménez Lara

Publicación

1900

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Resumen

La discapacidad como constructo social implica una dimensión donde el Estado juega un papel protagónico. El primer condicionante de este rol está dado por la normativa internacional que los países suscriben y que debiera transformarse en políticas públicas y acciones por medio de los cuales los actores políticos, técnicos y burocráticos garanticen su formal cumplimiento. Sin embargo en América Latina las personas con discapacidad, sus organizaciones y aquellos que trabajan en relación con la problemática reportan situaciones relacionadas con el incumplimiento de los principios rectores de la normativa referida ya sea por falta de políticas u acciones cómo por la ineficiencia de las mismas. Asumiendo: (a) que los programas, resoluciones, recomendaciones, normas y demás normativa suscrita implican obligaciones para los Estados y derechos para los ciudadanos; (b) que la información sobre las acciones del Estado deben ser de dominio público y (c) que la sociedad civil puede asumir su protagonismo en el control ciudadano del estado; el presente trabajo propone desarrollar una herramienta de monitoreo que permita evaluar y valorar la intencionalidad de cumplimiento de los Estados respecto a los derechos de las personas con discapacidad derivados de normas internacionales. La herramienta propuesta prevé el desarrollo de un protocolo en un formato que permita recabar la información de los Ministerios, u organismos estatales pertinentes, a través de Internet. Siendo las consultas referentes a indicadores derivados de pautas internacionales éste protocolo puede adaptarse a la organización de distintos países según los organismos Estatales que se ocupen de cada aspecto desarrollado en el Protocolo. El análisis de los datos y su comparación permitirá interpretar la realidad, nacional e internacional, y valorar la intencionalidad de cumplimiento de los Estados respecto a la atención de las personas con discapacidad en América Latina. El monitoreo planteado no tiene finalidad punitoria, sino como reservorio de políticas recomendables, como parámetro de “lo posible” y referente comparativo que permita a las personas y agrupaciones de PcD valorar objetivamente a los estados. Las distintas profesiones relativas a salud y educación abordan la discapacidad desde aspectos clínicos, sanitarios, educativos y sociales basados en la persona con discapacidad. El paradigma bio-sico-social extiende la discapacidad a una dimensión social. El presente proceso de investigación se asienta en este paradigma y pretende construir un instrumento que permita conocer “la intencionalidad de cumplimiento” de los compromisos de los Estados ya que las decisiones determinantes de la calidad de vida de las personas con discapacidad son eminentemente de políticas públicas. Resumen realizado por la autora

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