El estudio, basado en historias de vida, entrevistas a expertas y análisis documental, muestra una falta de políticas públicas específicas y una discriminación estructural que se traduce en omisiones informativas, falta de accesibilidad, dinámicas de control familiar, ausencia de formación profesional, estigmas sociales y barreras físicas que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos en todos los ámbitos de la vida.
“En muchas ocasiones, las personas con discapacidad física y orgánica no somos reconocidas como sujetos deseantes, autónomos o capaces de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestra vida afectiva”, afirma la secretaría de Organización y comisionada de Mujer e Igualdad, Marta Valencia. “Esto no solo vulnera nuestros derechos, sino que perpetúa un modelo discriminatorio que excluye a nuestro grupo social del ejercicio de nuestra ciudadanía”, añade.
Los testimonios reales de personas con discapacidad y distintos contextos vitales que aparecen en el estudio, sirven para ilustrar que estos derechos han sido históricamente invisibilizados, condicionados o directamente vulnerados. Se trata de experiencias de exclusión, pero también de resiliencia y empoderamiento.